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Tres casos testigos de perjuicio contra personas con discapacidad

En un documento titulado “La ley N° 1072 en primera persona”, la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, describió la situación de tres casos testigos sobre los perjuicios generados por la mencionada ley que se refiere a las personas con discapacidad.

“Los Legisladores borraron de un plumazo los derechos adquiridos de personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes deberían proteger”, dicen desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Luego expresan que “Para comprender los perjuicios de esta ley es necesario contar brevemente la historia de algunas personas que se vieron afectadas”.

Más adelante relatan que “El Sr. Juan tiene 60 años, percibe una pensión RUPE al momento de la aprobación de la ley Juan tenía la obra social IPAUSS y era afiliado a OSUTHGRA porque su esposa trabaja en un hotel. Una empleada de la Secretaría de Coordinación de Políticas para las PCD (Personas con Discapacidad) le dijo en esa instancia que no podría seguir sosteniendo IPAUSS por poseer doble afiliación y le recomendó pedir la baja en OSUTHGRA”.

“Así lo hizo su familia pero IPAUSS no lo reincorporó, al día de la fecha Juan no tiene ninguna obra social. Se presentó un amparo de salud ya que Juan tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, se le ha colocado un catéter para diálisis y se le han amputado las piernas; la Justicia obligó al Estado Provincial a hacerse responsable a través de acción social. Juan se atiende en el Hospital de Ushuaia, cambió todos sus médicos de cabecera y paga de sus bolsillos la totalidad de los medicamentos que se le indican que son muchos dada la complejidad de sus patología”, remarcan desde la Secretaría.

La Obra Social acusa a Juan y a su familia de negligencia; idéntica acusación recibió la familia de Alma.

En el segundo caso mencionan que “Alma tiene 5 años, el año pasado la familia recibió la misma información al ponerse en vigencia la ley: le dijeron que si tenían otra obra social la nena no podría seguir contando con la cobertura de IPAUSS. Alma tiene un pediatra que la atiende desde que nació y varios especialistas que conocen su historia clínica, es más, tenía una cirugía programada en el sanatorio por lo que la familia pidió la baja en la obra social de su papá (UOM)”.

“Pero fueron inflexibles y le dieron de baja en IPAUSS dos días antes de la cirugía, con los estudios pre-quirúrgicos realizados. Debieron ir a la Justicia y, oficio mediante, consiguieron una prórroga; operaron a Alma y luego el Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz ordenó dejar sin efecto esta prórroga y todas las que se habían solicitado durante el 2016”, denuncian desde la CTA Autónoma.

Para finalizar cuentan que “Mercedes también se quedó sin obra social como consecuencia de la ley; según el padrón único consolidado operativo (PUCO) ella contaba con la cobertura de OSECAC pero en la realidad ni siquiera su familia tenía esta obra social ya que el grupo familiar había optado por Sancor Salud quienes se negaron a tomar a Mercedes por su discapacidad. En su momento, la mamá no se preocupó, ya que la nena tenía IPAUSS. En octubre le dieron de baja, la mamá peregrinó por las oficinas de las tres obras sociales hasta que creyó encontrar una solución: en OSECAC le dieron una constancia de no cobertura y con ese papel volvieron a darle el carnet de IPAUSS”.

“Pero los problemas no terminaron ahí, se siguieron comprando los medicamentos de Mercedes como afiliada al IPAUSS por RUPE hasta que en marzo la farmacia le informa que habían rechazado las compras desde enero por lo que le reclamaban una deuda de $ 6.000. Nuevamente tuvo que enfrentarse a la burocracia de la ahora OSPTF, y se entera que habían decidido darla de baja otra vez, pero sin siquiera informarle”, manifiestan.

Finalmente dicen que “Estos casos son sólo tres ejemplos de las decenas que se acercan a nosotros para solicitarnos ayuda porque esta ley, que es a todas luces injustas; viola el principio de progresividad de derecho, lo que hace que sea inconstitucional. Los Legisladores aprobaron este paquete de leyes propuesto por el Gobierno aquel 8 y 9 de enero de 2016 y borraron de un plumazo los derechos adquiridos de personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes deberían proteger”.

Aclarando por último que “Los casos son reales, sólo se han cambiado los nombres para preservar su privacidad”.