Breves
“Para nosotros es grave de todo punto de vista, porque la ampliación iba a permitir mayor calado de buques y en segundo lugar una obra de esta magnitud derrama fondos para la industria local, por los subcontratos que se pueden hacer para provisión de hormigón por ejemplo, y la generación de mano de obra para las estructuras”, sostuvo Yanzi.
“Para nosotros es grave de todo punto de vista, porque la ampliación iba a permitir mayor calado de buques y en segundo lugar una obra de esta magnitud derrama fondos para la industria local, por los subcontratos que se pueden hacer para provisión de hormigón por ejemplo, y la generación de mano de obra para las estructuras”, sostuvo Yanzi.

Yanzi aseguró que hay muy poco trabajo por delante en la nueva temporada

El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción planteó una coyuntura complicada de cara a la nueva temporada, porque “hay muy poco trabajo por delante”. Los contratos vigentes terminan en marzo de 2019 y no hay obras por licitarse, por el ajuste nacional. “La nueva perspectiva es desarrollar obras por el sistema de participación público-privada”, sostuvo Gonzalo Yanzi. Remarcó que la demanda de viviendas sigue siendo muy alta y se espera acordar programas entre el IPV, por la capacidad de gestionar y elaborar proyectos, el Banco Tierra del Fuego como agente financiero, y las empresas locales para generar puestos de trabajo y realizar las obras.

Río Grande.- Gonzalo Yanzi, presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del sector y la nueva modalidad en la que están trabajando, ante el ajuste nacional por venir y el que ya se ha dado de hecho, con el retaceo de fondos al IPV para las obras en marcha, que está costeando el gobierno provincial.

La cámara nuclea casi todas las empresas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia y recientemente atravesó un proceso electoral. Las nuevas autoridades van a asumir formalmente la primera semana de septiembre, dado que el mandato de las actuales concluye a fines de agosto. “Los electos asumiremos en septiembre y el ex presidente Andrés Volpe sigue en la comisión directiva como vocal”, informó.

Consultado sobre las perspectivas para la nueva temporada, indicó que habrá participación local “en tanto existan recursos y haya una apertura para poder cotizar”. Las dos obras más importantes en este momento financiadas con la colocación de bonos, que son el corredor costero y el microestadio de Río Grande, “tenían una pequeña vueltita en el pliego, porque no admitían hacer UTE. Si nos hubiéramos unido dos o tres empresas locales, tranquilamente lo hubiéramos podido hacer”, afirmó.

En el caso del tendido de fibra óptica, se admitió la formación de una UTE, no así con las otras dos obras y, respecto de la ampliación del puerto de Ushuaia, actualmente paralizada, aclaró que “las empresas locales no estamos preparadas para hacer en forma directa una obra de esta magnitud, por el tema de antecedentes. El Ministerio de Transporte de Nación por alguna razón eligió mal y adjudicaron la obra con un presupuesto magro. Por más que se quiera economizar en las obras y lograr el mejor precio, no siempre el mejor precio es la oferta más conveniente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no hice el seguimiento de todo el proceso, pero sé que la empresa ganó con un precio magro y aparentemente ya tenía una situación similar en otro lugar del país de dejar obras inconclusas”, observó.

“Para nosotros es grave de todo punto de vista, porque la ampliación iba a permitir mayor calado de buques y en segundo lugar una obra de esta magnitud derrama fondos para la industria local, por los subcontratos que se pueden hacer para provisión de hormigón por ejemplo, y la generación de mano de obra para las estructuras”, sostuvo.

“Ahora arranca la temporada y hay muy poco trabajo por delante. Lo contratado se termina en marzo del 2019 y no hay obras por licitarse, porque el IPV, que es un proveedor de obras de infraestructura y de viviendas, siempre recurría a fondos de la Secretaría de Viviendas de la Nación y, con la nueva pauta nacional, eso se está reduciendo de manera fortísima”, planteó.

En consecuencias, “la nueva perspectiva es desarrollar obras por el sistema de participación público-privada. Hay una experiencia en Río Grande con unas viviendas para ATE. Se van a hacer 120 viviendas, hay un tramo que es de infraestructura, y diferentes empresas locales tienen que hacer entre 36 y 40 viviendas. Hay unos fondos que aporta la provincia a través del Banco Tierra del Fuego y otros fondos que aportaría la Nación, es un 30% de Nación y un 70% de la provincia. Yo presumo que en el futuro la construcción de viviendas va a estar en ese marco. La demanda de viviendas existe y el IPV tiene la capacidad de gestionar, elaborar proyectos, los bancos están para prestar plata y las empresas para generar puestos de trabajo y realizar las obras. El punto es llegar a un equilibrio para que esto se ponga en marcha”, expresó.

Remarcó que “las viviendas se necesitan porque hay demanda”, por eso se buscará un “punto de equilibrio donde el banco financie, pueda recibir su capital e intereses, el usuario lo pueda pagar y por supuesto debe ser negocio para las empresas. El equilibrio debe estar entre la financiación, el costo, el administrador y el usuario. En los próximos meses nos vamos a abocar de lleno a buscar el formato para que esto se pueda llevar adelante, porque si no hubiera clientes no habría ningún sentido, pero hay una fuerte demanda, que es altísima”, reiteró.

Consultado sobre la posibilidad de constituir fideicomisos, dijo que “funcionan a nivel privado” y considero que “algo similar en viviendas económicas tenemos que derramar en Tierra del Fuego”.

 

Aumento de precios

 

Respecto de las obras licitadas a un valor dólar muy inferior al actual, Yanzi aclaró que “no necesariamente el valor de la construcción está ligado en un ciento por ciento al dólar. En el caso del hierro es así, pero el 50% de la construcción corresponde a mano de obra y esto no se ha movido conforme a la variación del dólar. Por supuesto varían los materiales, pero no hay una incidencia real directa”, dijo.

“En una construcción privada, después de la variación del dólar, el metro cuadrado bajó en dólares. Si se mantuviera el precio con la paridad del dólar, deja de ser competitivo para la venta. Nosotros empezamos en 24.000 y hoy debe estar en 26.000 pesos el metro cuadrado, en función del ajuste de precios”, estimó.

En cuanto a los retrasos en los pagos de certificados, aseguró que “en general no tenemos atrasos mayores a 30 ó 35 días respecto de la fecha de pago. Las obras nacionales se hacen a través del IPV que, si no recibe los recursos de la nación, aporta recursos que manda la gobernadora para evitar los atrasos”.

Otro aspecto positivo que mencionó fue el cambio en la factibilidad de gas. “Ha mejorado absolutamente, con los ramales que se han hecho ha permitido más agilidad en el otorgamiento de factibilidades. Antes para dar la factibilidad de gas, Camuzzi exigía obras complementarias y esto se ha revertido. La factibilidad está dinámica, ágil, y se puede suministrar gas sin problemas. Se está dinamizando el tema de los servicios para poder hacer todas las construcciones con gas natural”, concluyó.