Breves
sutcapra

Contratan a policías

SUTCAPRA reclama a La Anónima por puestos de vigiladores

Desde el SUTCAPRA dirigieron una nota al gerente de seguridad patrimonial del supermercado La Anónima, donde cuestionan la contratación de efectivos de la Policía Provincial para realizar adicionales, restando la posibilidad a vigiladores para desempeñarse en esas tareas. Le recuerdan que el sector viene golpeado por la crisis económica y la pandemia, solicitando que se revea tal política del supermercado.

 

La nota la firma el secretario General del SUTCAPRA, Matías Garro, y en ella le señala al gerente de La Anónima, Guillermo Sosa, que existe una “enorme preocupación, por las irregularidades en las sucursales de vuestra empresa”. Asegura el sindicalista que detectaron “diferentes situaciones en las coberturas de puestos, donde es moneda corriente que dichas coberturas sean realizadas por oficiales de la Policía Provincial, contratados por Ud.”

Más adelante se señala que comprenden en el SUTCAPRA “la política de la compañía de no tomar personal para cubrir bajas, vacaciones y carpetas médicas, esto no puede ser fundamento para la utilización de los adicionales de la policía, en desmedro de la posibilidad de trabajar de los compañeros del sector, que vienen golpeados por una crisis económica que no cede”, remarca el escrito.

Menciona Garro en su nota que “hoy la situación empieza a deslumbrar que estamos camino a la normalidad, siendo nuestra intención continuar trabajando, ya que constituye un derecho inalienable consagrado en nuestra constitución Nacional en su artículo 14 bis”, advierte el representante de los trabajadores de la seguridad privada.

El escrito reclama para los trabajadores del sector “trabajo y dignidad”, recordándole al gerente de La Anónima que “toda persona tiene derecho al trabajo, ya que constituye la base para la realización de otros Derechos Humanos y para una vida en dignidad”. Finalmente, el secretario General del SUTCAPRA reclama esos puestos para el personal de las empresas de seguridad privada, advirtiendo que “resulta más equitativo y cumple los parámetros de la justicia social, que dichos adicionales sean para la gente a la cual sus ingresos se vieron en total detrimento, no para aquellos que poseen la estabilidad económica propia de los servidores públicos”.