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Río Grande

Reclamos en la Dirección de Protección Integral Familiar

El personal de la Dirección de Dirección de Protección Integral Familiar de la provincia, denunció múltiples inconvenientes para desempeñar sus tareas. Tienen problemas edilicios, de falta de medios, poco personal y un marcado relegamiento salarial respecto de otras áreas. Hay 14 operadores, algunos sin la formación correspondiente, para atender a más de 900 casos.

 

Los trabajadores, acompañados por la dirigente de ATE Violeta Santander, denunciaron problemas edilicios, de falta de vehículos, falta de personal y un marcado relegamiento salarial respecto de otras áreas, que genera “el desinterés de profesionales para venir a este sector”, señalaron.

 

“Estamos en asamblea con los compañeros por estos problemas que vienen desde 2005, y por los cuales se realizaron distintos reclamos”, señaló Violeta Santander, precisando el origen de los problemas de funcionamiento que tienen en el área. Aseguró que “los compañeros quieren trabajar”, pero contó que por estos días “vienen y firman a las 9 de la mañana y se retiran, desde hace tres semanas. Pero ellos se sienten mal porque no pueden trabajar y cumplir con sus funciones diarias”.

 

En el edificio hay insuficiente calefacción, faltan matafuegos, no hay espacios adecuados para los encuentros familiares, no hay baño para varones “muchas compañeras tuvieron infección urinaria” dijo Violeta Santander, y otra serie de inconvenientes que hacen “que el asistido hoy no tenga asistencia”, señaló la gremialista.

 

“La voluntad y la paciencia llegaron a su punto límite”, aseveró la representante de ATE, explicando que se pide “revertir ésta situación, para que se pueda trabajar en un buen ambiente para los trabajadores.

 

Por su parte Yanina Bórquez, Directora del área en cuestión, mencionó que los reclamos “vienen por la situación en la cual nos encontramos”. Puntualizó que “faltan profesionales en el área. Hay un desborde en la demanda de la población en cuanto a lo que intervenimos, y tenemos alrededor de 900 casos para 14 operadores, de los cuales no todos son profesionales dado que son operadores idóneos”, mencionó la Directora.

 

Por esos motivos dijo que “la cantidad de demanda, cuando hay situaciones de vulnerabilidad en niños y adolescentes, no puede cubrirse como correspondería por la faltante de recurso humano”. “Eso implica, si estamos trabajando con población vulnerable, que nosotros como trabajadores también estamos siendo vulnerados de alguna manera al no poder solventar la demanda que se nos requiere”, remarcó Bórquez.

 

Recordando que se trata de un área “en la cual, como organismo de aplicación de una Ley de Protección Integral, recibimos la derivación de todas las demandas cuando existe alguna situación de riesgo”. Indicando que a esa dependencia llegan “todas las intervenciones de la ciudad de Río Grande”.