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El propietario de la empresa constructora Cóccaro Hermanos, Abel Cóccaro, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la difícil decisión que tuvo que tomar, ante la demora en el pago de certificados y redeterminaciones por parte del gobierno provincial.
El propietario de la empresa constructora Cóccaro Hermanos, Abel Cóccaro, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la difícil decisión que tuvo que tomar, ante la demora en el pago de certificados y redeterminaciones por parte del gobierno provincial.

Por falta de pago, la empresa Cóccaro decidió despedir a 90 trabajadores

Los telegramas llegarán hoy a casi la mitad del plantel total de la empresa, que se comprometió a pagar las indemnizaciones dentro de las 48 horas. El propietario, Abel Cóccaro, expresó la desazón al tener que tomar esta decisión, ante la demora en el pago de certificados y redeterminaciones que en algunos casos superan los 200 días. “Desde hace cinco meses no hemos cobrado en tiempo y forma como corresponde y no da para más”, sentenció. Confía en que el Gobierno provincial pueda regularizar la situación durante la veda invernal, para retornar al trabajo en septiembre y volver a tomar a los mismos obreros.

Río Grande.- El propietario de la empresa constructora Cóccaro Hermanos, Abel Cóccaro, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la difícil decisión que tuvo que tomar, ante la demora en el pago de certificados y redeterminaciones por parte del gobierno provincial. Es una de las empresas que más trabajadores emplea y tiene alrededor de 11 obras en Río Grande y Ushuaia. La deuda ronda los 170 millones de pesos y el gasto diario implica 560 mil pesos que deben afrontar con fondos propios, porque “no hay ingresos”, dijo.

“Lamentablemente los 90 obreros que van a ser despedidos se van a enterar por este medio, pero es imposible seguir manteniendo la cantidad de empleados que tenemos si no podemos continuar con las obras. No solamente no podemos continuar, sino que hemos trabajado sin cobrar, y eso nos viene pasando desde hace cinco meses, porque no hemos cobrado en tiempo y forma como corresponde”, expresó.

“La empresa está en una situación económica difícil. Mantener la empresa abierta a nosotros nos cuesta 560 mil pesos por día y, si no cobramos, los 560 mil pesos se van igual. Es muy difícil mantener el staff de personal porque no hay ingresos y el gobierno viene muy atrasado con los pagos”, sostuvo.

Hay un promedio de 250 días de atraso en las obras en construcción en Río Grande y hasta ahora no hay respuesta. “Yo tuve una charla a través de whatsapp con el Gobernador y le comuniqué que si no se hacían efectivos los pagos adeudados, el martes 5 de mayo iba a tener que despedir gente. Me dijo que se iba a ocupar del tema pero no tuvimos ninguna respuesta, así que lamentablemente se van a enviar 90 telegramas de despido. Le quiero decir a los obreros que hoy van a recibir el telegrama que van a cobrar la indemnización como corresponde. Más o menos van a ser 110 mil pesos en promedio lo que va a cobrar cada uno y creo que eso les va a dar para subsistir un par de meses. Esperemos que la situación mejore porque la idea de la empresa es continuar trabajando y volver a tomar a los mismos obreros que hoy van a ser despedidos”, indicó.

 

Terminadas y sin pagar

 

Algunas de las obras ya están terminadas pero no se terminaron de pagar. La mayoría se llevaron adelante con fondos del gobierno de la provincia, salvo la planta de tratamiento de margen sur, que fue por un convenio con el FFFIR (Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional). Entre ellas se cuenta el gimnasio de la escuela de policía, la red de gas del barrio Argentino, que ya está terminada, la red del barrio Arraigo Sur que tiene un avance del 30%, la red del barrio 22 de Julio que está totalmente terminada, la escuela técnica que tiene un 13% de avance, el gimnasio de María Auxiliadora que tiene un 72% de avance, y la planta de margen sur. “Las obras tienen muchos certificados impagos y esto no nos permite continuarlas. Los certificados están impagos por desidia de algunos empleados administrativos en el área de Obras Públicas, que no hacen las cosas como corresponde y eso lleva a que la posibilidad de cobrar se atrase”, advirtió Cóccaro.

Como ejemplo de esta desidia, citó que “en el caso de la obra del centro de salud de la margen sur, que ya está terminada y entregada, quedó pendiente de pago un certificado de 12 millones de pesos. Cinco meses después de presentado el certificado, nos comunicaron que no nos pueden pagar esa suma porque falta la póliza de seguro de garantía, y esa póliza fue entregada por nosotros el 25 de enero, pero aparentemente la han extraviado y no saben dónde está. Ahora dicen que el certificado no lo pueden pagar porque no está la póliza. Todo esto demora que se paguen los certificados de redeterminación, porque con semejante aumento de las cosas, tenemos que ir día por día. A lo mejor uno certifica dos millones de pesos y para ejecutar la parte de obra que se hizo se necesitaron seis millones. Es necesario que estén las redeterminaciones al día y se paguen como corresponde. Si no, para mi empresa y para cualquier otra es imposible darle continuidad a las obras”, sentenció.

 

Todo con fondos propios

 

Cóccaro informó que se pagaron los salarios en tiempo y forma con fondos propios, pero la situación “no da para más”: “Hasta ahora pagamos los sueldos de los empleados con dinero de la empresa, pero ya se termina. Ahora se van a mandar los 90 telegramas y en 48 horas tenemos que hacer frente a un pago de prácticamente 12 millones de pesos, que por supuesto se va a hacer con fondos de la empresa, pero no da para más. Es mucho dinero y no hay ingresos”, subrayó.

Consultado sobre la propuesta de algunos legisladores para cambiar el destino de la colocación de bonos y pagar a las empresas, consideró que “eso se tendría que haber hecho desde el principio. Cuando se votaron las leyes de emergencia por el COVID-19 se tendría que haber votado una ley para usar los bonos para pagar las obras en curso, más las redeterminaciones de precios. Si esto se hubiera hecho, hoy no estaríamos con este problema”.

Barajó que, si se agotan los fondos de los bonos, “más adelante la situación de la pandemia tiene que mejorar y el gobierno nacional puede ayudar. El gobierno nacional está diciendo que no se paren los contratos de obra para que puedan continuar. Si el gobierno nacional pide que los contratos continúen, quiere decir que está dispuesto a dar una mano a los gobiernos provinciales para que puedan hacer frente a los pagos”, manifestó.

Pidió tranquilidad a los trabajadores porque “tienen un fondo de desempleo y se les pagará la quincena, vacaciones, aguinaldo proporcional, más la devolución del fondo de desempleo que se retuvo en su momento”, se comprometió.

 

La pata política

 

Dado que es la empresa que tiene más deuda y la que tiene más trabajadores, se le preguntó si no ve alguna razón política para demorar los pagos, por su afinidad con Bertone. “Yo quisiera creer que no. Soy militante justicialista desde la cuna, tanto mi padre como mi hermano fallecido. Si hay algo político en medio, no voy a dejar de ser justicialista ni voy a dejar de ser amigo de Rosana Bertone por un capricho de alguien que no me quiera pagar o esté tomando alguna represalia en contra nuestra. Yo voy a seguir siendo justicialista y amigo de Rosana. Tengo relación con Martín Pérez, con Walter Vuoto, y los conozco de chiquitos. La mamá de Walter trabajó mucho tiempo con mi hermano. Hemos trabajado con todos los gobiernos, porque la empresa empezó con la gestión Estabillo y trabajó un montón en esa época, sin embargo éramos justicialistas y apoyamos la candidatura a la gobernación de ‘Chiquito’ Martínez, que terminó muy cerca de Estabillo. En los 33 años de la empresa hemos cumplido con todas las obras. A mí no me consta que el gobernador tenga algo que ver en todo esto, y quisiera creer que el problema es otro”, señaló.

 

Un triste aniversario

 

La decisión de Abel Cóccaro se tomó el día del cumpleaños de su hermano fallecido, lo que generó mayor desazón por la situación de la empresa que fundaron. “Yo ya tengo 71 años y mi idea era retirarme este año para dejarle paso a los hijos y los sobrinos para que sigan adelante con la empresa; pero quiero irme dejando la empresa saneada, una empresa en orden, y con los valores que hemos tenido hasta la fecha, de continuar trabajando, cumpliendo y haciendo grande principalmente a Río Grande. Tenemos el orgullo de ser una empresa que siempre ha cumplido con todas las obras en tiempo y forma. En el registro que nos da la capacidad de obra hay un ítem que mide a las empresas por su cumplimiento, y el máximo de ese valor da 1,40. Nosotros hace 30 años que tenemos 1,40 porque hemos cumplido durante todo este período en tiempo y forma con las obras”, destacó.

Lo cierto es que la empresa hasta ayer tenía 194 empleados ocupados, pero se volvió imposible afrontar un “gasto diario de 560 mil pesos, porque no son solamente los empleados, sino que todas estas demoras en los pagos, que va entre los 200 a los 50 días, significa que hay que pagar seguros y un montón de ítems. Si hubiéramos cobrado en tiempo y forma ese gasto no hubiera existido”, planteó.

 

Protocolo para privados

 

Por otra parte se le preguntó sobre la reactivación de obras privadas, que también realiza la firma, y depende de la aprobación del protocolo por parte del gobierno. “Nosotros estamos haciendo una obra para el Casino Status y hemos acordado con el propietario darle continuidad, a un ritmo inferior. Vamos a empezar con 25 ó 26 obreros ni bien nos aprueben el protocolo, que ya presentamos, y veremos si podemos continuar aunque sea a ritmo más lento con esa cantidad de gente”, dijo.

“Con las otras obras públicas ya nos avanza la veda, y por lo que escuché en una nota a la ministra Castillo, ellos van a poner hincapié en las obras esenciales, como las de gas o el hospital, así que a lo mejor podemos acogernos a la veda y darles tiempo para que administrativamente acomoden todos los papeles y nos puedan pagar durante el período de veda. La intención es poder empezar en septiembre con las cosas al día y volver a tomar a toda la gente que hoy se va a quedar sin trabajo”, reiteró.

“Yo hablo continuamente con los trabajadores, ellos saben que la situación está difícil y lo entienden. Nosotros no tenemos ningún juicio laboral ni tenemos problemas con la gente, porque tratamos de cumplir con todos y yo soy amigo de mis obreros. Pero lamentablemente la situación es esta y hay que tomar una decisión. Espero que con esta indemnización puedan tirar un par de meses. Hablé con el secretario general del gremio, el señor Ramírez, y dijo que el gobierno provincial le va a dar una ayuda a los obreros durante la veda. También por parte del Municipio de Río Grande han dado una ayuda de 5 mil pesos, y varios de mis obreros la han cobrado en el día de ayer”, celebró.

“Esperemos que se revierta rápidamente la situación para poder continuar con las obras. Ahora ya tenemos la veda encima y las obras que son en el exterior es muy difícil continuarlas. Vamos a tratar de aguantar hasta septiembre y, si se dan las condiciones, empezaremos con otro ritmo y trataremos de incorporar a todo el personal que hoy dejamos cesante. Yo le pido a la gente que se quede tranquila, que esté en su casa para que esta pandemia no siga avanzando, y ojalá que después de la veda podamos arrancar con otro horizonte”, concluyó.