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trabajadores barbijos

Multisectorial de DDHH

“Pandemia y trabajadores (desocupados y sectores vulnerables)”

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande emitió un documento, referido a la conmemoración de hoy. El mismo comienza recordando que “1º de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas ejecutados en 1886 luego de las huelgas en EEUU donde reconocieron la jornada laboral de 8 horas”.

 

El texto completo del documento continúa señalando que “Sin embargo los empleadores se negaron a acatar este derecho y los trabajadores de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 obreros. El conflicto se extendió a otras ciudades, llegando a más de 5.000 huelgas simultáneas.

El 1 de mayo la policía disparó contra los manifestantes que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo, hasta que tres días después, una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como «el atentado de Haymarket».

El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada.

“8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para hacer lo que se nos dé la gana” era la proclama que marcaría la historia del trabajo mundial y que impulsa a los movimientos obreros a que cada 1 de mayo nos movilicemos reivindicando esa lucha, pero también, en manifestación contra toda injusticia, estableciendo un día donde la unidad infranqueable de nuestra solidaridad como clase, nos convoca a pensar en los más oprimidos, en todos y todas.

Hoy la pandemia del coronavirus no nos permite movilizarnos ni realizar actos públicos pero no nos impide manifestarnos por todos los medios posibles. Donde exista un trabajador o trabajadora, sabe muy bien que la cuarentena pone de relieve nuevamente las diferencias que impone el sistema capitalista y que deja expuestos con nombre y apellido a los responsables de la miseria que somete al hambre a muchas familias.

La pandemia colocó en una crisis inédita al sistema capitalista al punto de que prácticamente obligó a empresas y estados a suspender la actividad de las fuerzas productivas provocando así un tembladeral en las estructuras económicas, políticas, sociales e institucionales que se constituyen y sostienen en torno al capitalismo.

Con mejor o peor criterio en las medidas que aplican, los estados desplegaron una parafernalia de estrategias para capear la catástrofe. Muchas de esas estrategias, sin embargo, son claramente intentos de sostener, al menos momentáneamente, el status quo previo al Covid 19.

Incluso esta pandemia puso de relieve que aún en los países más ricos del mundo la salud pública había sido dejada de lado, que los profesionales del sector eran escasos y que las investigaciones en la materia eran mínimas. Nunca se vio tan claro que el capitalismo, a través de los grandes empresarios, de los dueños de los medios de producción y de los gobiernos, elige dónde invertir el dinero y esa determinación poco tiene que ver con el bienestar de la mayoría de la población y mucho con los negocios que generen ganancias aùn a costa de la salud e incluso la vida de las personas.

Nuestro país y nuestra provincia no son ajenos a esta realidad, pero una vez más como con cada crisis, con cada ajuste, con cada problema, son los trabajadores y los sectores más vulnerables los que pagan las consecuencias.

Desde el Gobierno nacional se está amenazando desde el inicio de la cuarentena a los propietarios de las grandes empresas para que no despidan, suspendan o hagan descuentos de salarios; a los dueños de las grandes fortunas con un impuesto a la riqueza, pero lamentablemente la única medida que se ha concretado es un acuerdo con la entreguista CGT de descontar los ya menguados salarios de los trabajadores.

“Quedate en casa” piden los gobiernos para garantizar el aislamiento social pero poco hacen por aquellos argentinos que tienen que sí o sí salir a trabajar en condiciones precarias. Porque si no salen no comen, no pagan los servicios o el alquiler y tienen que elegir entre la salud o cubrir las necesidades básicas y las de su familia. Piden “quedate en casa” mientras miles de personas sobreviven en las calles y son hostigadas por la policía como si no poder acceder a una vivienda digna pudiera considerarse una elección de vida.

Así es que se puede ver a lo largo de este aislamiento social a las fuerzas de seguridad abusando de su autoridad, reprimiendo y humillando a cientos de personas. Fueron varios los videos que circularon dando testimonio de este accionar y llama poderosamente la atención que estas situaciones solo se ve en los sectores populares. Cuando alguien adinerado es encontrado en la vía pública violando la cuarentena es escoltado hasta su domicilio, pero cuando la misma situación se da con alguien perteneciente a los sectores más vulnerables es golpeado o humillado.

Muchas y muchos trabajadores se ven obligados a salir para ganarse el pan, arriesgándose no solo a enfermarse sino aun peor, al accionar violento de las fuerzas. Miles de personas han sido detenidas durante esta cuarentena, muchas de las cuales fueron arbitrarias y con abuso de autoridad.

Hay trabajadores que no pueden elegir porque forman parte de los servicios esenciales, como los del sector salud que se encuentran con falta de recursos, con falta de insumos, con pocas herramientas para cuidar su vida y la de los demás. No alcanzan los aplausos ni las fotos con leyendas sobre su heroicidad porque lo que necesitan es contar con un presupuesto acorde y medidas responsables.

Un sector que no ha sido considerado esencial pero que está trabajando desde el primer día es el docente.

El desembarco de las “clases virtuales” en la vida de las y los trabajadores de la educación es una vuelta de tuerca más en la escalada de vulneración de derechos laborales, particularmente en nuestra provincia: un discurso ambiguo del Ministerio de Educación que, para la población, las presenta como una manera de mantener vínculos entre las familias y la escuela casi recreativa; para las y los docentes, bajada de línea a directivos, incumplimiento de acuerdos salariales, falta de pago de salarios, aprietes, entre otras cosas.

Otro grupo que está desarrollando sus tareas en este contexto es el de las y los trabajadores de prensa. En estos tiempos de pandemia, las condiciones laborales precarias quedan todavía más en evidencia. La exposición al tener que salir a trabajar, sin que las patronales entreguen los elementos básicos y necesarios para su protección ante el peligro de contagio; la falta de cobertura en salud de compañeras y compañeros que no tienen obra social porque no tienen trabajo registrado y la situación de estrés permanente al no saber cuánto, ni en qué momento cobrarán sus haberes, con la excusa de que “se cortó la cadena de pagos de la publicidad”; son moneda corriente en el sector.

A esta situación hay que sumar la sobrecarga horaria de aquellos que trabajan desde sus casas y deben estar “todo el día conectados”, para informar a la comunidad sobre el desarrollo de los hechos relacionados con el COVID19.

La organización de base, a través de congresos de delegados y asambleas -los métodos convencionales de nuestra clase- se vieron profundamente alterados, obligando a dar ese salto generacional a una gran parte de la dirigencia mediante la utilización de nuevas tecnologías y redes sociales, entrando a un “campo” en donde el movimiento de obrero en general, fue manipulado a través de los medios pagados por las patronales, la burocracia sindical y los diferentes Gobiernos.

Esta realidad es la consecuencia de la preocupante situación en la que se encuentran los trabajadores de las distintas industrias de Tierra del Fuego, a quienes las inquietudes sobre el COVID-19 llegaron primero a las manos de los y las obreras del parque industrial que necesitan de los insumos chinos para poder fabricar los productos.

Gran parte de las y los trabajadores de la industria fueguina, ante la falta de respuesta de los patrones, el 16 de marzo abandonaron las fábricas. Ni los empresarios, ni el gobierno; son las y los trabajadores los que conocen muy bien el riesgo que tienen las líneas de producción y el nivel hacinamiento en los galpones.

Sí hay empresarios miserables, se acumulan por montones en las cámaras empresariales fueguinas, que de golpe encontraron facultades esenciales en los teléfonos celulares.

No son vacaciones. Hubo empresas que siguieron produciendo con excusas cada vez más esenciales que la salud. Después sacudieron el bolsillo pagando menos. Ignoraron los DNU, leyes, decretos y resoluciones. Finalmente llegó la extorsión: bajar el sueldo o perder el puesto; y quienes se aseguran ser la “tercera posición” -cómplices ante la inequidad de los empresarios hacia los trabajadores-, avalaron el recorte a los congelados sueldos y aceleraron los procesos administrativos. Nuevamente otro sector que paga la crisis con el sudor del pueblo obrero.

Cuando las fábricas están cerradas y el aislamiento ni siquiera permite movilizarnos, el reclamo debe ser hacia quienes nos representan dentro de los universos políticos que existen. Así surgieron distintos “programas” económicos.

IFE, ATP, préstamos a tasa a cero, postergaron vencimientos y tantas otras que cosas que dicen que “son parte de un plan que se ajusta a cada sector”, pero que se definen en recortes de salarios que representan un impacto casi letal en algunos en los comercios y que termina redundando en una mayor pobreza de las clases populares. Todo esto en un contexto marcado con algunos personajes políticos que viven en estado de campaña, muy lejos de estar a la altura de la circunstancias,  y que aseguran un porvenir de caos social, de hambre y miseria.

La pandemia somete a muchas y muchos trabajadores al miedo, pero también nos prepara para poder reclamar con fuerza y cobrar la revancha de cuatro años de un Gobierno nacional que supo darle premios y recompensas a los empresarios fueguinos como los que figuran en la lista de los que blanquearon miles de millones dólares en el 2017 y que ahora se sienten amenazados por un impuesto a la riqueza.

La industria debe comenzar a producir aseguran. Esperemos que en la libreta de los funcionarios estén escrito todos los detalles que deben contener los protocolos de seguridad y que no le hayan prestado nuevamente la birome a los patrones, porque en los pocos meses de gestión -más allá de contadas decisiones- parece que al Gobierno le cuesta resistir por mucho tiempo más, las presiones de los miserables empresarios de la industria fueguina.

Es sabido que el capitalismo sale de sus crisis con ajuste. Y es sabido que los ajustes los paga el pueblo trabajador.

En este nuevo aniversario de aquel 1° de Mayo de 1886, las y los docentes, las y los trabajadores estatales, las y los empleados de comercio, de las industrias, las y los desocupados, las y los que no están registrados, las personas con discapacidad, las mujeres, las y los jóvenes, conmemoramos una vez más en un contexto de vulneración de derechos, de postergación y sometimiento, ante el gesto de perdonavidas del gobierno que, otra vez, nos pide paciencia y solidaridad.

Una vez más las y los trabajadores pese a no poder estar en las calles volvemos a reivindicar la lucha por nuestros derechos y a manifestarnos contra toda injusticia, porque somos conscientes, hoy más que nunca, que el mundo se mueve gracias a nuestro esfuerzo y nuestra solidaridad como clase, con la convicción de construir un mundo mejor que pondere la humanidad sobre lo material, la salud antes que la producción y la conciencia de clase antes que la explotación”.