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El presidente de la caja anunció el nuevo cronograma de pago de jubilaciones.
El presidente de la caja anunció el nuevo cronograma de pago de jubilaciones.

Pago de las demandas por el fondo solidario: Bahntje estimó en 500 millones sólo de capital

El presidente de la caja de previsión alertó sobre un retroceso al caos de 2015, de prosperar los planteos de inconstitucionalidad contra el descuento para el fondo solidario. Estimó en 500 millones solamente de capital el monto de devolución del dinero retenido, y advirtió que el embargo de las cuentas de la caja no permitirá pagar las jubilaciones, sin otra fuente de financiamiento, que implicarían “nuevos impuestos y tasas”. Además, informó sobre el nuevo cronograma de pago.

El presidente de la caja de previsión, Rubén Bahntje, dio a conocer ayer el nuevo cronograma de pago de jubilaciones, pero además se adelantó al impacto que podría producir una sentencia favorable a los planteos de inconstitucionalidad del fondo solidario, que obligarían a la provincia a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de haberes.

Por FM Del Sur, informó que “se ha modificado a partir de este mes el monto a abonar en el primer tramo. Hasta el mes pasado se abonaba hasta 45 mil pesos y, con las nuevas proyecciones financieras, que dan una previsión por el recupero de deudas de vieja data, nos permite modificar el monto. A partir de este mes se abonan antes del quinto día hábil las jubilaciones hasta 52 mil pesos, y el resto antes del décimo día hábil. Las jubilaciones de julio se van a abonar a las cero horas del 3 de agosto y el remanente el día 10”, precisó.

“Quiero destacar la evolución que hemos tenido en 18 meses. Al inicio de la gestión se tendió a dar previsibilidad, se empezó a respetar el cronograma y se abonaba en cinco tramos. El 20 por ciento cobraba en la primera semana y el 80 por ciento en la última del mes. Hoy el 83 por ciento cobra antes del quinto día hábil y el resto antes del décimo”, comparó.

“Evidentemente las medidas propuestas demostraron un impacto positivo en la regularidad del sistema”, dijo, y agregó que son “dos momentos totalmente distintos, porque desde enero de 2016 a la fecha se han incorporado casi 700 nuevas jubilaciones”. En dinero, el pago “pasó de 184 millones en diciembre de 2015 a 258 millones en julio de este año. Aun con un diez por ciento más de prestaciones y un 40 por ciento más de pago de salarios, se ha mejorado el cronograma de pago”.

Consultado sobre la posibilidad de llegar al pago en un solo tramo, prefirió no generar expectativas. “Desde el inicio de la gestión hemos sido muy cautelosos con los anuncios y, de hecho, no hubo un solo mes que se incumpliera el cronograma. Ya no tiene que ser noticia el pago, salvo que cambiemos la fecha, porque tiene que ser algo normal y habitual, aunque no lo era en 2015. El pago en un tramo va a depender mucho cómo inicie el 2018. Gran parte del financiamiento está incluido en una ley que deja de tener vigencia el 31 de diciembre”, dijo de la ley de emergencia del IPAUSS, que dispuso los descuentos salariales.

En función de la caducidad de la ley, el funcionario espera que “cuando se discuta el presupuesto 2018 del organismo, se definan nuevas fuentes de financiamiento”, dado que estima que “unas 400 personas podrán ingresar el año próximo al sistema jubilatorio y hay que tener previstos esos recursos”.

La legislatura deberá trabajar “en medidas alternativas”, de no prorrogar la ley de emergencia. “No tengo dudas de que, lo que resulte de la discusión, permitirá que avancemos más, y nunca retroceder”, confió.

 

Malas prestaciones

 

El funcionario fue crítico de la situación de la caja, donde “resta mejorar todo. Es un tema que se conversa permanentemente con el personal del organismo y creo que el servicio que brindamos no es bueno. Los tiempos de respuesta no son los que deben ser. Sobre todos los últimos años hasta el 2015, la enorme crisis económica hacía que no fueran visibles estas demoras, que solamente percibía el afiliado en forma particular”, dijo.

“El año pasado fue muy complejo, se estableció un nuevo procedimiento para la determinación de los haberes iniciales, que es una deuda de vieja data, y en no más de dos o tres meses esta situación va a estar totalmente regularizada. Cuando la persona presente su aceptación de renuncia, en el transcurso del mes o a más tardar en 40 días tendrá determinado su haber”, afirmó.

“Además estamos avanzando con el Ejecutivo en una historia laboral en línea, para que cualquier trabajador pueda consultarla, ver sus aportes, y hasta tener un cálculo estimado de cuándo estaría en condiciones de jubilarse. Suele pasar que una persona se encuentra con que no están registrados aportes de los años ’90 y debe peregrinar por un montón de oficinas buscando documentación. En esto hay una gran deuda y en lo que queda de acá a fin de año, va a haber cambios notables”, prometió.

“Somos una provincia de 200 mil habitantes, hay 20 mil empleados públicos y casi 7 mil jubilados. Son números muy pequeños que de ninguna manera justifican estas demoras administrativas que tenemos”, criticó Bahntje.

 

Volver al caos

 

Con respecto a las demandas interpuestas ante el Superior Tribunal de Justicia contra el descuento para el fondo solidario, el funcionario advirtió que podría sobrevenir un retroceso al caos de 2015, si prosperan.

“Hay presentaciones de ex jueces y de jueces en actividad que tienen la jubilación otorgada, y están presentando la acción declarativa de certeza antes de renunciar. Hemos visto un camarista y un par de jueces de Río Grande. Son personas que entienden que hay derechos que las nuevas leyes les han modificado y tienen todo el derecho de plantearlo en el fuero judicial. Lo que debe quedar claro es que las sentencias judiciales no van a generar recursos y, como pasó en 2015, en todo caso van a fijar prioridades”, expresó.

Recordó que “en 2015 pedimos al Poder Judicial que resolviera una cuestión económica, porque la plata que entraba al Instituto no permitía pagar las jubilaciones. Los primeros que presentaron su demanda (amparistas) empezaron a cobrar y el resto quedaba cada vez más rezagado. Las normas sancionadas el 8 de enero modificaron el sistema para garantizar el pago”, defendió.

“Las leyes debemos aplicarlas y por eso los jueces piden al Superior Tribunal de Justicia que diga si son constitucionales o no. Si se declaran inconstitucionales las leyes y hay que reintegrar los fondos, serían unos 500 millones de pesos solamente de capital”, calculó.

“Esto se resuelve con un embargo de las cuentas de la caja, y en 60 días se cancelan los 500 millones, pero son 60 días en los que no se van a pagar las jubilaciones”, avisó Bahntje, apuntando que “con tres fallos de inconstitucionalidad, la norma cae”.

Fue crítico de los demandantes porque “nos cuesta comprender que es un sistema solidario, no sólo cuando se recibe sino cuando todos ponemos un poco” y remarcó que sin este descuento “es imposible cubrir las jubilaciones con el aporte de los trabajadores. Como no tenemos la maquinita para imprimir billetes, habrá que buscar otra fuente de financiamiento, con la creación de nuevos impuestos o tasas”, dijo, que en este caso impactarían en toda la población.

“Hoy no hay 500 millones guardados en un cajón. Se está mejorando el cronograma de pagos, se pudo subir el monto del aporte solidario, porque hasta 52 mil pesos los jubilados no hacen ningún tipo de aporte. Si hubiese alguna sentencia, será muy interesante ver de dónde se generan esos recursos. Nuestras previsiones son con esta fuente de financiamiento y, si bajan los recursos, la ecuación va a variar drásticamente y nadie se tiene que sorprender”, sentenció, previendo un retroceso al esquema de 2015, por lo cual pidió “ser cautelosos”, en un claro mensaje a la justicia.

 

Inmuebles ociosos

 

Por último fue consultado sobre los inmuebles del Instituto, y en particular la esquina céntrica abandonada hace años. “Se está trabajando en un estudio del edificio de la esquina de Fadul y San Martín, para saber la viabilidad de hacer remodelaciones o si se requiere la demolición. Seguramente buscaremos un proyecto de iniciativa privada o inversión con fondos externos, que permitan poner en valor esa esquina. Esto no salva el déficit, pero no hay justificación para que esté en el estado en que está”, concluyó.