Breves
criminalización

Criminalización de la protesta

Otros trece trabajadores estatales procesados

La jueza María Cristina Barrionuevo, quien se encuentra al frente del Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Sur, dictó el procesamiento de trece trabajadores estatales por “entorpecimiento de los servicios públicos”. Es en el marco de las causas impulsadas en 2016, por las medidas de fuerza de principios de ese año.

En su resolución del 6 de marzo de 2017, la Magistrada ordenó el procesamiento de José Darío Gómez, Alberto Alejandro Alfires Gallardo, Lilian Carolina Galli, Laura del Carmen Barría Mansilla, Antonio Faustino Delgado, Marcos Fabián Narvaez, Manuel Sacarias Oyarzo Colipai, Rubén Darío Paredes, Luis Fernando Millanguir, Hipólito Carlos Córdoba, Roberto Carlos Camacho y Raúl Oscar Bombares, por considerarlos probables coautores penalmente responsables del delito de Entorpecimiento de los Servicios Públicos (art. 194 del Cód. Penal y art. 278 del C.P.P.P.).

 

Además, fue procesada Nadine Belén Calvo, por los delitos de Entorpecimiento de los Servicios Públicos, Incendio y Daños Agravados (arts. 45, 194, 184 inc. 5º y 186 inc. 1º del Cód. Penal- y art. 278 del C.P.P.P.).

 

A los sujetos se les atribuye haber impedido, estorbado o entorpecido el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de provisión de sustancias energéticas (tales como combustibles) de las Instalaciones de Y.P.F. de Ushuaia, conocido como “Planta Orión”, mediante el corte de dos sectores de la Av. Perito Moreno, uno frente al Muelle del Área Naval Austral y otro frente a la altura del Nº 1032 de dicha arteria, el día 11 de abril de 2016, pasadas las 7 horas.

 

Asimismo, sobreseyó a Mabel Liliana Baiz del delito de Entorpecimiento de los Servicios Públicos, Incendio y Daños Agravados e hizo lo propio, pero parcialmente a Marcos Fabián Narvaez y Antonio Faustino Delgado, de los delitos de Incendio y Daños Agravados.

 

Por otro lado, el dirigente Carlos Córdoba quedó sobreseído del delito de Intimidación Pública -art. 211 del Cód. Penal-, por aplicación de lo normado por el art. 309 inc. 3º del C.P.P.P.

 

Vale mencionar que, en medio de las discusiones paritarias por negociación salarial, la Justicia citó al secretario General Provincial de ATE, Carlos Córdoba.

A Córdoba se lo citó a indagatoria para el día viernes 10 de marzo a las 10:30 horas en carácter de imputado en la “Causa Nº 27.456 COMISARÍA PRIMERA S/INTERVENCION” que se tramita ante el Juzgado de Instrucción de 2º Nominación del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo.

 

Córdoba deberá presentarse en los Tribunales ubicados en la calle Congreso Nacional Nº 502 de la ciudad de Ushuaia, para notificarse de la resolución dictada en la causa de mención.

 

La medida generó malestar en un sector de trabajadores estatales, entendiendo que no es casual que en el medio de las paritarias se aparezca esta citación.