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Malvinas

Martínez reivindicó políticas de defensa de la soberanía

El diputado nacional Oscar Martínez, integrante de la Comisión Especial Mixta Observatorio Parlamentario Sobre Cuestión Malvinas; participó de la convocatoria que se realizó ayer y volvió a “rechazar y repudiar” el denominado acuerdo “Foradori – Duncan”; exigiendo que el mismo “se deje sin efecto”. Reivindicó políticas en defensa de la soberanía y el rol de las organizaciones que integran los combatientes de Malvinas.
El diputado nacional Oscar Martínez, integrante de la Comisión Especial Mixta Observatorio Parlamentario Sobre Cuestión Malvinas; participó de la convocatoria que se realizó de dicho ámbito de debate; remarcando el tiempo que el mismo estuvo sin citarse y señalando que esa situación hizo “que no pudiéramos emitir opinión, en hechos gravísimos que han sucedido durante este periodo de tiempo”.

Advirtiendo además que “incluso, a pesar del compromiso de la anterior presidenta (de la Comisión), no pudimos tener la presencia de los Cancilleres para que dieran explicación de este comunicado conjunto que se empeña en defender el Gobierno. Que para nosotros no representa ni más mi menos que un acuerdo espurio, firmado a espaldas del Congreso, y que ha traído como consecuencia una presión importante por parte del Gobierno británico”.

Indicó el parlamentario fueguino que Gran Bretaña pretende avanzar “en lo que ellos denominan la eliminación de los obstáculos, que en realidad significa un avance en la explotación itícola en principio; pero además con una decisión muy firme en lo que es la explotación petrolera con financiamiento incluso para las empresas que la llevan adelante”, remarcó Martínez.

El diputado marcó un contraste “con lo que en su momento fue una denuncia que se presentó por parte del Estado Nacional, en la Cámara Federal de Río Grande, que trajo como consecuencia un fallo de embargo y de inhibición a las empresas petroleras que explotaran en Malvinas, con más la posibilidad de reclamar la presencia de los responsables directos de cada una de las empresas. Pero esa causa, lamentablemente, se encuentra dilatada en el tiempo”, denunció. Manifestando además que se elevaron “distintos pedidos de informes al Gobierno, que no han sido respondidos”.

Oscar Martínez se refirió también a la militarización creciente del territorio de las Islas Malvinas, “transformando la base militar en una base cada vez más poderosa, que evidentemente afecta la entrada a la Antártida y que nos puede limitar también en nuestros reclamos de derechos sobre la Antártida”.

Expresó además malestar “por las expresiones de algunos funcionarios, que han dicho que no solo debían entregarse las Islas, sino también la provincia de Tierra del Fuego”. Reclamando que desde la Comisión se exija algún tipo de retificación por esos dichos.

En el mismo sentido se refirió a la designación de un nuevo “gobernador” para las Islas, por parte de Gran Bretaña, señalando que se trata de una “cuestión que rechazamos, denunciamos y repudiamos”. Pero además manifestó que para las Islas “la autoridad, más allá de la cuestión particular en la que están en estos momentos las Islas Malvinas, es el Gobierno de Tierra del Fuego que las contiene en su territorio”, remarcó.

El diputado fueguino desestimó que las expresiones escuchadas “al otro lado del Atlántico”, que afectaban nuestro reclamo soberano sobre las Islas, hayan sido solamente “discursos de tribuna”. Indicando que debía existir “una firme decisión política de llevar a todos los lugares de debate internacional una posición clara y contundente, en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”.

Martínez reivindicó “los avances logrados” antes del inicio de la actual gestión de Gobierno en materia del reclamo soberano sobre las Malvinas, recordando “las expresiones de los diferentes paises, dando un apoyo absolutamente mayoritario a nuestro reclamo de soberanía”.

También destacó el rol de “las organizaciones que conforman quienes han sido combatientes en Malvinas”; remarcando la importancia de los veteranos “que en el último tiempo han sido abandonados y a quienes incluso se les ha quitado algún derecho como el acceso a un beneficio jubilatorio o de obra social”.

Para terminar volvió a “rechazar y repudiar” el denominado acuerdo “Foradori – Duncan”, exigiendo que el mismo “se deje sin efecto”.