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Yanzi se refirió al pedido elevado al gobernador Melella y a los legisladores de FORJA, a fin de encontrar una salida al sector, que acumula 704 millones de deuda.
Yanzi se refirió al pedido elevado al gobernador Melella y a los legisladores de FORJA, a fin de encontrar una salida al sector, que acumula 704 millones de deuda.

Las empresas constructoras reclaman 704 millones de deuda

Las empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción elevaron una nota a los legisladores de FORJA y al gobernador Gustavo Melella para exponer la situación crítica del sector, con 704 millones acumulados como deuda tanto de certificados por obras provinciales, nacionales y municipales. Proponen dinamizar las gestiones e incorporar, entre otras cosas, la firma digital, además de pedir a Melella que defina el fin de la cuarentena para el sector, teniendo en cuenta que a nivel nacional se está posibilitando reactivar la construcción y está pronta la veda invernal.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, dialogó con Radio Universidad (93.5 MHZ) sobre el pedido elevado al gobernador Melella y a los legisladores de FORJA, a fin de encontrar una salida al sector, que acumula 704 millones de deuda.

Son “alrededor de 25 empresas en Río Grande que tienen contratos de obra con el estado nacional, provincial y municipal, y se registran importantes retrasos en los pagos, con demoras de hasta un año en las redeterminaciones”, dijo.

“Nosotros enviamos una nota a los legisladores del bloque de FORJA, porque el legislador Emanuel Trentino nos convocó a una charla donde se avanzó en estos temas y de allí surgió la nota que elevamos al bloque. Además dirigimos una nota al gobernador de la provincia. Allí hacemos un detalle genérico del estado de situación de las diferentes empresas. No es un detalle pormenorizado pero damos un panorama general. La deuda que habría con las empresas según lo que pudimos relevar está en el orden de los 704 millones de pesos. Estas son las acreencias que tienen todas las empresas constructoras por las obras que están ejecutando, ya sea de Obras Públicas, el IPV, la DPOSS y las municipalidades de Río Grande y Ushuaia. También hay algunas obras provenientes de acuerdos con Camuzzi. Gran parte de estas obras tienen financiamiento nacional y esto ha complicado la situación”, sostuvo.

Remarcó la importancia de buscar una salida, porque “tenemos alrededor de 750 empleados directos en la construcción, entre operarios, técnicos, administrativos y directivos. Esto puede significar 2.000 personas trabajando, ya sea por subcontratistas, talleres y demás. Estas 2.000 personas, calculando una familia tipo, son 8.000 personas alcanzadas por los beneficios de la obra pública y privada”.

Consultado sobre la posibilidad de pagar certificados con el remanente de la colocación de bonos, explicó que “tienen una asignación específica y no se pueden direccionar a otras obras. El legislador Trentino nos dijo que están buscando la manera de redireccionar estos fondos, pero por el momento no es así y por eso no se ha achicado esta deuda tan importante con las empresas”.

 

Préstamos inaccesibles

 

Por otra parte, mencionó que “se había informado que la banca pública y privada iba a otorgar préstamos a una tasa preferencial del 24% con al menos tres meses de gracia. Algunos bancos han facilitado fondos a empresas que ya estaban vinculadas, dentro de los que calificaban para solicitar los préstamos, para poder pagar las quincenas. Algunas ya han pagado y otras no hemos pagado todavía y estamos haciendo las gestiones para cumplir con estas obligaciones. Ningún banco toma certificados de obra, con el agravante de que se les estampa un sello de ‘no negociables’. Si no fuera así, podría ser un papel negociable como en cualquier lugar del mundo donde se genera la relación entre comitente y contratista, y el sistema financiero banca toda esta operatoria. Si esto fuera posible, no tendríamos semejantes acreencias, hubiéramos negociado esos certificados para que después los bancos acuerden con los comitentes, pero no es así. En general en los últimos tres años a los bancos no les interesa tomar certificados de obra pública, tampoco el BTF”, manifestó Yanzi.

“Esto se suma a la tasa exorbitante que hubo en la plaza en el momento en que estábamos operativos y tampoco es viable ese negocio. Tenemos la acreencia, no cobramos intereses porque tampoco se contempla el pago de intereses, y si uno sale a vender los certificados nos sacan la mitad. La situación se torna perversa, con atrasos de 60 días en el pago más 60 días de la pauta operativa, es decir que estamos operando con cuatro o cinco meses de atraso, y tenemos la erogación de los sueldos y de la compra de insumos. A esto se suma la redeterminación de precios que también se atrasa terriblemente y se trabaja con precios totalmente desactualizados”, planteó.

 

Límite a la cuarentena

 

Yanzi agregó el pedido de una definición de la cuarentena, porque “estamos con un aislamiento obligatorio y no podemos generar producción. Es una de las cosas que le planteamos al Gobernador, porque las empresas queremos saber en qué momento se va a levantar la cuarentena. Esta nota es del 8 de abril y fue previa a la decisión del gobierno nacional de extenderla. Seguramente esta semana hablaremos con la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, porque sabemos que hay mucha gente que se movilizó innecesariamente y provocó esta decisión radical de profundizar la cuarentena. Tenemos que ver la forma de poder reiniciar las obras lentamente, no digo al ciento por ciento, pero sí empezar a desempolvar, porque ya nos agarra la veda invernal y vamos a terminar arrancando en septiembre. La situación es complicada porque nos hemos comprometido a mantener la gente, pero hay un momento en que no se puede pagar. No se va a despedir pero tampoco se va a poder pagar”, alertó.

Si bien hay un fondo de desempleo, no compensa el impacto de la inactividad: “Nosotros hacemos todos los meses un depósito del 12% y eso conforma un fondo de desempleo, para que el operario lo pueda cobrar cuando no hay trabajo y se rescinde la relación laboral”, dijo.

 

Legajos y firma digital

 

“Hemos podido charlar con los legisladores a través de una plataforma de internet y se podría implementar el expediente electrónico completo, que es una forma transparente y rápida. Además podemos enviar las imágenes de las obras y eso ya fue instrumentado. Cuando hicimos los proyectos de las 700 escuelas, que era un proyecto de Nación a través del BID, el avance de obra, certificado por inspectores, se volcaba a una plataforma digital donde se agregaban fotos además de los legajos. Eso genera automáticamente un certificado y se va resolviendo la situación a distancia sin ningún tipo de inconveniente. Este es el momento oportuno para hacerlo, porque está bien claro que va a haber un cambio profundo”, expuso.

“A los legisladores les hemos expresado que la obra en sí hace multiplicar la fuerza de trabajo, damos a conocer la situación de las empresas y unas propuestas al gobierno, luego tendremos que analizar punto por punto, pero tiene que haber una voluntad de resolución. Tenemos que reformular algunas situaciones porque no puede ser que, para que se redetermine un precio, estemos seis, siete u ocho meses. Tenemos que dinamizar toda la gestión porque se torna compleja la resolución del pago. Además hay tanta auditoría interna y tantas trabas que no nos llevan a buen puerto”, concluyó.

 

La nota a Melella

 

Cabe señalar que, dentro de las propuestas elevadas en la nota al gobernador, la Cámara de la Construcción plantea “tomar el compromiso de los comitentes de sanear las cuentas con las empresas, modificar el plazo de pago de los certificados de obra (básico y redeterminados) a 20 días de fecha factura, implementar la certificación y comunicación comitente- contratista en forma digital, incluir la firma digital y generar un espacio de trabajo donde se sustancien todas las redeterminaciones de precios sin distinción de comitentes, economizando recursos y procurando mejores resultados que los obtenidos hasta el momento”.

De la misma manera se solicita a los legisladores de FORJA que se creen las herramientas legislativas necesarias para hacer operativas estas alternativas.