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El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, se refirió al debate del proyecto de ley de presupuesto 2018, que se retomó esta semana.
El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, se refirió al debate del proyecto de ley de presupuesto 2018, que se retomó esta semana.

La obra pública está garantizada en la discusión del presupuesto 2018

El presidente de la comisión de presupuesto espera que concurran los funcionarios provinciales para explicar en detalle los acuerdos firmados, pero adelantó que, si bien habrá modificaciones, no habría un impacto significativo en las cuentas públicas. Abogó por una resolución política del conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario entre gobierno y municipios. Respecto de la renuncia al juicio por coparticipación mal retenida, el legislador aseguró que el monto de 51 mil millones no es real, y hay compensaciones que se conocerán cuando concurra el equipo económico. La obra pública está garantizada con los fondos del endeudamiento, que ya están en la provincia, sostuvo.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, se refirió al debate del proyecto de ley de presupuesto 2018, que se retomó esta semana.

Por FM Del Pueblo, estimó que “seguramente va a haber modificaciones, por un lado porque la presentación de nuestro presupuesto se realiza con anterioridad al proyecto nacional. A esto le tenemos que agregar que en medio hubo un nuevo pacto fiscal con la Nación y, una vez que recibamos el acuerdo firmado en la Legislatura, vamos a tener que hacer modificaciones. Ahora se está explicando área por área el presupuesto que se tenía proyectado para 2018 en base a lo que se remitió oportunamente a la Legislatura”, indicó sobre el paso de los entes autárquicos y organismos descentralizados.

Resaltó que “en el caso de Obras Públicas la totalidad del presupuesto está garantizado con recursos que ya están en la provincia, porque la mayoría de las obras a realizar son producto de la emisión de títulos públicos”.

Consultado sobre el efecto del pacto fiscal en la recaudación, indicó que “por la información que uno maneja, sería más bien neutro en el primer año de aplicación. Habría que adecuar las alícuotas de ingresos brutos a lo que suscribió la nación con las provincias, pero entre algunas bajas y otras modificaciones quedaría bastante similar. Hay que analizarlo con detenimiento, pero por la información que uno maneja la provincia no estaría cediendo recursos, y cambiaría la forma en que los percibe”, dijo.

Advirtió que “puede haber bajas en la coparticipación nacional” y abogó por una resolución política del conflicto con los municipios por el impuesto inmobiliario, que “amerita una mesa de diálogo entre el Ejecutivo provincial y los municipios, para replicar lo que hizo la provincia de Buenos Aires”.

Respecto del acuerdo con la industria, indicó que “la tasa de verificación de procesos productivos se mantiene en el 1,10% hasta el 2020 ó 2021, por el compromiso que asumió la provincia, y a partir de ahí se baja al 0,90%. Había un proyecto para subirlo al 2% pero no se va a llevar adelante porque la gobernadora va a retirarlo. Luego hay que trabajar en lo que hace a la optimización del tema del puerto y de la seguridad.El martes estuvo el presidente de Puertos en la comisión de presupuesto y están trabajando en la eficientización del servicio, para reducir al máximo los costos de la actividad portuaria”.

 

Un plan propio

 

El legislador se enfocó en la necesidad de definir cuanto antes un plan para la provincia, para hacer sustentable la industria electrónica y diversificar la matriz productiva. “De este acuerdo, lo más importante es ponerse a trabajar en el punto 4.4, que habla del futuro de la industria electrónica. Rápidamente hay que trabajar entre todos para darle sustentabilidad a la industria más allá del 2023”, planteó.

Aclaró que “el congelamiento de salarios no está dentro del acuerdo firmado entre la nación, la provincia y AFARTE. Es un acuerdo que firmó la industria con los gremios y no hubo una imposición ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. El gobierno nacional pidió la baja en los precios de los productos y no fue una condición para el acuerdo lo que firmó AFARTE con la UOM.Algunos que firmaron pretenden hacer responsables a otros, pero este acuerdo no está en ninguna parte del convenio”, ratificó.

El legislador afirmó que el gobierno nacional demostró que está dispuesto a escuchar y reiteró que “más que quejarnos y pensar que nos va a venir todo de arriba, tenemos que ponernos a trabajar y llevar propuestas de sustentabilidad de la industria radicada en la provincia. Esto lo tenemos que solucionar nosotros y ver cómo hacemos sustentable la promoción industrial”.

“Ya crecimos bastante para ser nosotros los que llevemos la propuesta y no esperar que las soluciones vengan de afuera. Hay que diversificar la matriz productiva y no vivir pendientes del celular, el aire acondicionado y el televisor. La ley de autopartes está vigente y se está trabajando en ese sentido. Hay gente especializada que debe continuar trabajando, sumando ideas y mostrando capacidad suficiente para ir a plantear las cosas a nación”, expresó.

 

Renuncia a los juicios

 

Por otra parte, se le preguntó sobre el juicio por la devolución del 15% mal descontado por la prórroga unilateral del pacto fiscal de los ‘90, con fallo a favor para algunas provincias. El gobierno renunció a esta demanda y, según la directora de la caja de previsión Elisa Dietrich, se perdieron 51 mil millones. “La provincia comenzó a recibir parte de lo que se adeudaba. Las cifras que se han dado en los medios no guardan para nada relación con la realidad”, aseguró.

“Esa cifra de 51 mil millones no tiene ningún asidero, porque las provincias de San Luis y Santa Fe recibieron montos menores, y suena lindo tirar números en el aire, pero no guardan realidad con el monto. Muchos de los que hoy critican formaron parte de un gobierno que nunca hizo el reclamo y mucha de esa deuda ya prescribió. El reclamo judicial que se hizo fue producto de una ley que sacó esta Legislatura, que reclamó al gobierno provincial iniciar las acciones legales”, recordó de una de las leyes del paquete de enero de 2016.

Agregó que “tampoco estábamos en condiciones de reclamar la deuda que se supone debíamos reclamar, porque algunos gobiernos hicieron caso omiso y no reclamaron ni siquiera administrativamente la deuda, mucho menos judicialmente, por eso la deuda prescribió. Es cierto que en este acuerdo la provincia ha desistido de algunos juicios, entre los cuales está este, pero no a cambio de nada, porque hay una contraprestación. Vamos a esperar que vengan los funcionarios y lo expliquen en la Legislatura. Todas las provincias renunciaron a los juicios en este acuerdo, salvo San Luis, que no lo suscribió”.

 

Congelamiento de dietas

 

También se le preguntó al legislador sobre la propuesta del concejal del partido verde Raúl VonderThusen, de congelar las dietas de los funcionarios en solidaridad con los trabajadores metalúrgicos. “En el caso de la Legislatura los salarios están congelados desde diciembre de 2015, y en la ley de emergencia previsional queda establecido que hay congelamiento de todos los salarios de los funcionarios políticos. Algunos que han tenido ajustes ahora plantean el congelamiento, pero en la Legislatura del 2015 a la fecha la variación que hubo fue del 4,5%, y a su vez hacen el aporte solidario”, dijo.

Finalmente descartó “toda intención de congelar los salarios estatales”, a partir de la interpretación que se le dio a este proyecto para las dietas de los concejales.

Fuente: Diario Provincia 23.