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La causa se inició por daños ambientales y al patrimonio arqueológico en la obra del Corredor del Beagle.
La causa se inició por daños ambientales y al patrimonio arqueológico en la obra del Corredor del Beagle.

“La justicia no tiene voluntad política de indagar a fondo”

Lo afirmó la presidente de la asociación civil que radicó la denuncia penal contra los ex funcionarios de Bertone Leonardo Gorbacz, Gonzalo Zamora y Luís Vázquez, sobreseídos por el juez Vidal por falta de pruebas de la comisión de un delito. Nancy Fernández aseguró que le llevaron “las pruebas en mano” y además había voluntad de la empresa Terramoena de venir a declarar, “pero no fueron convocados”. Tampoco se entregó a la Fiscalía de Estado el expediente secreto del ex Secretario de Cultura, ni fue requerido por el magistrado.

Río Grande.- La presidente de la asociación civil Mane’kenk, Nancy Fernández, evaluó por Radio Provincia la resolución del juez Vidal, quien no encontró delito en los tres ex funcionarios bertonistas denunciados, el ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, el ex ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, y el ex jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.

Aseguró que se enteró de la noticia por los diarios, porque no fueron notificados todavía. “Evidentemente el diario tiene un equipo judicial impresionante, porque siempre se entera antes que el propio actor. No sólo no fuimos notificados sino que además nos vuelve a sorprender la justicia, que nuevamente toma partido por una situación que quedó absolutamente demostrada por la vía administrativa. Hubo fallas, secretos, malos manejos, hallazgos no declarados, expedientes no publicados”, dijo.

“Me sorprende y no me sorprende, porque es una prueba más de que en este contexto de cuarentena, cuando la justicia tendría que agudizar su manera de ver las cosas, otra vez vuelve a hacer esto. Realmente es desgastante, porque la gente se cansa, descree, pierde la fe en el sistema judicial. Nosotros acercamos numerosas pruebas y seguramente habrá una apelación”, adelantó.

“La gente de los pueblos originarios seguramente va a estar muy molesta por esta situación, porque ellos también se habían presentado como querellantes y los rechazaron con el argumento de que no había razón de ser que el pueblo originario fuera querellante. Sin dudas hubo una connivencia para que el poder político de ese momento pudiera avanzar sin ningún tipo de control”, expuso.

“Nosotros vamos a hablar con el Dr. Aciar para ver cómo continuar. El famoso decreto que declaró secretos los estudios arqueológicos creemos que no fue derogado. Estuvimos haciendo algunas averiguaciones y todavía no se derogó. Los informes que se pidieron a Cultura por los cuales fue imputado Gonzalo Zamora todavía no fueron enviados a la Fiscalía de Estado. Entendemos que la cuarentena paralizó la administración pública, pero ahora que se está reactivando vamos a interiorizarnos de estos expedientes, para poder presentar más pruebas”, dijo.

Dado que el juez en la resolución considera que hay falta de información respaldatoria de la denuncia radicada por la asociación, consideró que “evidentemente el juez tomó la decisión sobre información sesgada. Si se le negó información a la justicia en el gobierno anterior, obviamente no va a tener toda la que necesita. En medio de este proceso de cambio de gobierno no sabemos si la nueva gestión suministró la información que el juez requería, pero el juez eligió tomar esta decisión porque la información la tenía”, subrayó.

“Consideramos que es arbitraria, sesgada y no se adecua a la información que tenía, porque se la entregamos en mano. Si él hubiera querido indagar, podría haberlo hecho. La gente de Terramoena, que fue la empresa que hizo el segundo estudio, demostró que el estudio de impacto arqueológico que se había realizado era deficiente. Se ofrecieron a venir a Tierra del Fuego a declarar, a dar más testimonios y jamás los citaron. Evidentemente el juez no quiso buscar más pruebas, porque de haberlo querido hacer, las hubiera obtenido”, ratificó.

Agregó que “la última empresa contratada a fines de octubre, por diez millones de pesos, fue la que hizo el hallazgo de restos humanos, y ni siquiera figura en los trámites administrativos. Zamora negó siempre esa información a la administración y al día de hoy no está. Evidentemente se ocultó información, el juez no convocó a quien tendría que haber convocado, y eso es responsabilidad absoluta de él, que no indagó lo suficiente”, disparó contra Vidal.

Dado que tampoco hay avances en la causa civil, sostuvo que “ni la justicia civil ni la penal han querido meterse a fondo en este tema, porque la causa civil que tiene el otro juez va a cumplir un año y medio. Evidentemente no hubo voluntad política del sistema judicial de indagar a fondo qué es lo que estaba pasando”, concluyó.

 

Juez contra fiscal

 

En su resolución el juez Federico Vidal, titular del juzgado de instrucción nro. 3 de Ushuaia, argumentó que la acusación contra los tres ex funcionarios resultó infundada, pese a que el fiscal había decidido imputarlos, y lo acusa de haber especulado con el pedido de instrucción, al no haber prueba suficiente.

Cabe recordar que Zamora, Vázquez y Gorbacz habían sido acusados de daños ambientales y al patrimonio arqueológico por su participación en la obra del Corredor del Beagle. Vidal rechazó el requerimiento de instrucción del fiscal Fernando Ballester Bidau, aun cuando la prueba aportada es un estudio de impacto arqueológico hecho por la empresa Ambash, que había detectado 7 yacimientos, contra los 300 que luego identificó Terramoena, y su aprobación habilitó el inicio de la obra.

El incumplimiento de comunicar a los pueblos originarios el hallazgo de restos humanos y su ocultamiento durante días, fue otra de las aristas de esta denuncia penal, dado que existe una ley vigente que dispone cómo se debe proceder.

No obstante para el juez Vidal las tareas de prospección, remoción y excavación de yacimientos arqueológicos están “lejos de haberse efectuado de forma ilegal”, y siguieron “los procedimientos administrativos establecidos y la normativa aplicable en la materia”.

Para el juez no se puede inferir que los ex funcionarios aprobaron un estudio de impacto arqueológico deficitario y ocultaron deliberadamente la realidad del terreno. Según Vidal no existen “ni siquiera existen indicios razonables que permitan suponer que esos funcionarios públicos hayan obrado con intención de dañar el patrimonio arqueológico del Estado Provincial, requisito ineludible para la configuración de un delito doloso como son los traídos a estudio”.

En un cuestionamiento al propio fiscal Ballester Bidau, señala que “la hipótesis delictiva a la que arriba sólo se sustenta en una especulación ajena a la realidad de los hechos de la causa, pues nada indica que nos encontremos ante la comisión de alguna conducta con potencialidad delictiva”.