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Las directoras de la Obra Social del Estado Fueguino, Elisa Dietrich y Mónica Díaz, en representación de los pasivos y los activos, respectivamente evaluaron el decreto de retiro voluntario que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto.
Las directoras de la Obra Social del Estado Fueguino, Elisa Dietrich y Mónica Díaz, en representación de los pasivos y los activos, respectivamente evaluaron el decreto de retiro voluntario que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto.

Fuerte crítica de las Directoras de la OSEF al gobierno

Las Directoras de la Obra Social del Estado Fueguino Elisa Dietrich y Mónica Díaz advirtieron sobre la inviabilidad de la norma que establece el mecanismo de retiro voluntario en la administración pública provincial. Señalaron las contras que tiene la normativa, los riegos que implica para quienes están cerca de jubilarse, y la arbitrariedad con la que puede ser manejada. Advirtieron que “es una nueva Ley 460”.

Río Grande.-  Las directoras de la Obra Social del Estado Fueguino, Elisa Dietrich y Mónica Díaz, en representación de los pasivos y los activos, respectivamente evaluaron el decreto de retiro voluntario que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto. Advirtieron que “es arbitraria” y que podría vulnerar el derecho previsional de los agentes que están cerca de jubilarse.

En dialogo con Radio Provincia las Directoras Elisa Dietrich y Mónica Díaz hicieron referencia al retiro voluntario para los tres poderes del Estado provincial establecido mediante el Decreto 1709 y en el marco de la Ley 1200 que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, la Directoras del IPAUSS recordaron que van a quedar excluidos “personal de la policía provincial, profesionales de la salud, personal del servicio penitenciario y también quienes se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, y quienes hayan presentado la renuncia o tenga un beneficio previsional, salvo una pensión del conyugue”.

Asimismo explicaron que quienes se acojan al beneficio “van a renunciar de manera irrevocable a la planta permanente, van a quedar desvinculados y no podrán ser reasignados en ningún cargo de planta permanente, personal de gabinete o transitoria y quienes tuvieran participación en la fiscalía de Estado o Tribunal de Cuentas de la provincia hasta después de los cinco años de haber recibido el beneficio, por lo cual aclararon que en realidad serían siete años dado que los cinco años comienzan a contar a partir del último cobro del beneficio y esta disposición es de carácter nacional”.

Además recordaron que la norma “habla de una bonificación por única vez; habla de una suma no remunerativa equivalente al 60% de la remuneración del agente, quedando excluidas horas extras, viáticos, asignaciones familiares, etc. y se les va a abonar por el plazo de 36 meses”.

Aunque consideraron que hay un punto poco claro que es en relación a la jubilación y la obra social “dado que se establece que los agentes pueden optar si siguen aportando a la obra social y a la caja de jubilación, ya que la Ley nacional dice que van a seguir aportantes y beneficiarios y acá la provincia dice que será optativo”.

Por tal motivo a “nosotros nos genera muchas dudas de como sale finalmente la reglamentación y su implementación y nos preocupa que se va a poner en vigencia el 1 de agosto y aún no se establecieron los mecanismos que va a tomar la Caja y esto nos parece grave”.

También dijeron que “hay un montón de situaciones y desprolijidades que uno observa que más allá de que hay muchos compañeros que están esperando esto pero realmente no creo que así como está la norma sea beneficiosa para los agentes de la administración como tampoco para el Estado”.

Asimismo subrayaron que 2no se está pidiendo ningún tipo de antigüedad y pueden recibir el beneficio todos aquellos que hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre del 2015, es decir que cualquiera de ellos podrán cobrar estos 36 estipendios que no son haberes, por lo cual es absolutamente discrecional a quien le van a aceptar y a quien no le van a aceptar el retiro voluntario dado que no hay ningún argumento para hacerlo,  de esta manera se está facultando al funcionario o al Ministro del área la discrecionalidad para otorgar o no el beneficio”.

Otro punto que consideraron “grave en la normativa es el hecho de que no se establece nada con respecto a la vacante que se va a generar con la adhesión de un agente al retiro voluntario ya que no se dispone que se dé de baja la vacante, por lo cual consideraron que esto sería una nueva Ley 460 que tenía los mismos argumentos y después de haber otorgado retiros voluntarios se volvieron a ocupar las vacantes, aunque señalaron que “solo dice que la vacante no podrá ser ocupada durante el período que dura el beneficio”.

Conjuntamente señalaron que no se tuvo en cuenta a los agentes que “le quedan menos de tres años para jubilarse ya sea por el ANSES o la Caja Previsional podrían acceder a este beneficio pero no está adecuadamente normado esto ya que se les extingue la relación laboral y de esa manera no puede acceder a la jubilación por lo que tiene una trampa normativa muy perversa”.

Por lo tanto revelaron que se les va a “transmitir al Presidente de la Caja de Jubilaciones las dudas correspondientes que genera la aplicación de la normativa referida al Retiro Voluntario en el caso particular de los agentes con menos de tres años para jubilarse y estén resguardados sus derechos provisionales”.

Sentenciaron que “esta norma tiene la misma intencionalidad que la Ley 460, es decir sacar a todos los que no quieren que estén y meterle a todos los que quieren que entren porque si no se informa a la legislatura sobre las renuncias y la cancelación de las vacantes, de lo contrario se va a seguir ocupando las vacantes, por lo tanto falta vincular, en la norma, el organismo empleador con la Caja de Previsión Social para quesea la Caja la que informe sobre la historia laboral del agente y la posibilidad de que se jubile dentro de los 36 meses y no pierda el derecho previsional, de lo contrario el agente pierde su jubilación por la que aportó”.

De esta manera opinaron que la Ley de Retiro Voluntario “termina siendo una herramienta más de persecución, de destrato, y de adoctrinamiento para la clase trabajadora”.

Además “nos llama la atención de que el 60% que se pagaría durante 36 meses va a tener una movilidad según la tenga el sector activo en relación a los aumentos salariales, por lo tanto no hubo paritarias, no hubo acuerdo salariales en los últimos meses y se les va a aplicar una movilidad a estas personas que son elegidas por los funcionarios de turno”.

Indicaron que “el sector pasivo y activo tiene que seguir día a día las nuevas normas porque todos los días están sacando leyes y decretos que van en desmedro de los trabajadores de la administración pública, ya que desde que asumió esta gestión se han encarnizado con los empleados públicos”, sentenciaron.

Por último manifestaron que “esto no es solo responsabilidad de la gobernadora porque acá hay personajes que siguen destruyendo todos los derechos laborales que han llevado años poder garantizar, nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de defender la Caja porque es de los trabajadores”.