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El contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera e integrante de la comisión pymes de la Unión Industrial Argentina, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión realizada este martes, de la que participó en representación de la Federación Argentina de Industria Maderera.
El contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera e integrante de la comisión pymes de la Unión Industrial Argentina, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión realizada este martes, de la que participó en representación de la Federación Argentina de Industria Maderera.

“Es importante volver a la normalidad para que las PyMEs no sigan cerrando”

El presidente de la Cámara Fueguina de la Madera e integrante de la comisión PyMEs de la Unión Industrial Argentina detalló los temas abordados en la reunión del martes. El reclamo fundamental pasa por garantías del Estado para permitir la incorporación de personal, sin el riesgo de tener que pagar dobles indemnizaciones. Aseguró que hay necesidad de tomar trabajadores pero prevalece “el miedo” de los emprendedores, por el marco legal actual. Proponen la creación de un seguro de desempleo y un incentivo de reducción temporaria de aportes. También la vuelta a la normalidad para muchos empleados que ocupan cargos importantes y están eximidos de concurrir a trabajar por ser personas de riesgo.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera e integrante de la comisión pymes de la Unión Industrial Argentina, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión realizada este martes, de la que participó en representación de la Federación Argentina de Industria Maderera. “Siempre surgen temas que preocupan a todas las pymes de la Argentina, esto hace fundamentalmente al decreto 6721, prorrogado hasta el 21 de febrero de este año, por el cual los mayores de 60 años con enfermedades preexistentes y embarazadas no pueden asistir a su lugar de trabajo. Esto preocupa porque son muchos meses durante los cuales estas personas están sin concurrir a su trabajo, en algunos casos ocupan puestos importantes y son difíciles de reemplazar. Ojalá lo más pronto posible se vacune a todo el mundo y podamos volver a una normalidad”, dijo.

“También se habló de los despidos y la doble indemnización, que rige hasta el 31 de diciembre de 2021. Se ha puesto un límite y la doble indemnización no puede superar los 500 mil pesos y no rige para los contratos celebrados después del 13 de diciembre de 2019. Es decir que para estos casos no hay doble indemnización ni prohibición de despido. Para las PyMEs se hace muy difícil esto. Esta medida, en lugar de fomentar el empleo ha sido nociva para la creación de fuentes de trabajo. Aunque no exista la prohibición para los contratos actuales, las empresas están muy reacias a tomar nuevos empleados, por el costo laboral que significa la indemnización en cualquier tipo de trabajo”, manifestó.

“El gobierno tiene que tratar de alguna manera de fomentar el empleo en las pymes para que puedan tomar gente, con la tranquilidad de que no van a tener que cerrar la empresa porque no pueden indemnizarla. No hablamos de un avasallamiento de los derechos del trabajador, pero estamos proponiendo un seguro de desempleo que reemplace todas las indemnizaciones que existen, o la creación de otra herramienta que permita la creación de empleo”, planteó.

Observó que “en la provincia muchas veces hay que ponerse en la cola para comprar materiales de construcción. La gente no quiere tomar más empleados y, si no alcanza con los que hay, que se ponga en la cola la gente. No van a tomar empleados porque tienen miedo, y esto es consecuencia de la prohibición de despido, de la doble indemnización. Esto tuvo su lógica porque el gobierno buscaba que no se acentuara el desempleo, pero tendría que haber buscado otra herramienta. Hoy estamos pidiendo que cree otro tipo de herramienta para generar nuevos puestos laborales, como por ejemplo una reducción de los aportes y contribuciones por un tiempo para todo nuevo empleo que se tome después de la pandemia”.

“Muchas veces esto no le alcanza a la empresa, y tiene temor de que después de los tres meses del período de prueba la persona quede definitiva y se encuentren con un litigio laboral, que es lo que más ha crecido. Las pymes siempre tienen una relación familiar con sus empleados y se ha perdido esa relación más de amigo que de patrón, porque es todo conflicto. Todos discuten la letra chica con sus abogados. Inclusive con el tema de los mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes, preocupa que a esa gente se la ve en eventos sociales, porque puede estar, pero no puede ir a trabajar”, aseguró.

“A las empresas se les ha exigido muchísimo a nivel de higiene y seguridad contra el COVID para ponerse en marcha, y en algunos casos podrían estar prestando servicios. Esto se prorrogó y estamos pidiendo que se vuelva a la normalidad. Sé que para la normalidad se requiere que exista la vacuna, que es importante para todos, pero es importante volver a la normalidad para que las pymes no sigan cerrando, y que se generen normas laborales que les permitan crecer y tomar nuevos empleados. De esta manera es muy difícil, porque hoy no hay prohibición de despido para nuevos empleos, pero las reglas de juego cambian constantemente, por eso las empresas no se juegan”, cuestionó.

 

Aumento de la tercerización

 

Como consecuencia de esta situación, dijo que se está tendiendo a tercerizar servicios y aumenta el monotributo. “El mismo empleador pyme hoy busca otras alternativas si requiere tener mayor producción, que es la tercerización. En la medida que tenga una actividad que le permita tercerizar el servicio y no tomar empleados, va a ir a buscar al monotributista. Es probable que crezcan los monotributistas y para evitar que sea un empleo en negro encubierto, tendrá que facturar a más de un empresario pyme. De todas maneras el monotributista que menos paga una obra social, está pagando 1.800 pesos y la categoría más alta está entre 6 y 8 mil pesos. Para la empresa es mejor pagar Ingresos Brutos por el costo que se ahorra tercerizando. Hoy es la herramienta que se está buscando para no tomar empleados y tener un terrible costo laboral. Muchas empresas tienen más trabajo y tienen necesidad de empleados, pero están muy reacios a tomar gente en estas condiciones”, reiteró.

 

Capacitación a asistidos

 

También se propone desde la UIA la capacitación a los que reciben asistencia del Estado. “Así como el gobierno está dando bolsones, asistencia, el IFE, queremos que de alguna manera capacite a esa gente cuando se pueda y haya más vacunados, de forma tal que estén en condiciones de insertarse de acuerdo a las necesidades que tiene cada lugar. Para eso tendrán que llamar a los distintos sectores para ver qué se necesita, si es un carpintero, un mueblista, y que la capacitación esté orientada a eso, de manera que esa ayuda económica permita a la gente estar en condiciones de entrar al mercado laboral. El gobierno provincial y municipal también tiene que abrir las puertas, hablar con las empresas chicas, medianas y grandes, para ver cuáles son las necesidades”, consideró.

Celebró que “se haya abierto el diálogo en la mesa nacional con todos los sectores, porque ningún gobernante puede creerse que las sabe todas. El que la está pedaleando es el sector privado”.

 

Situación del sector maderero

 

Respecto del sector maderero, dijo que “hoy estamos sin ningún tipo de novedad y esta inacción es consecuencia de la misma pandemia. Escuchamos el anuncio del gobernador de una firma para la construcción de 400 viviendas, y esperemos que contemplen la madera, porque esta pandemia no permitió el desarrollo de las actividades normales y una ampliación de la matriz productiva, que siempre pedimos. Tenemos muchísimas ideas para plantear a los funcionarios cuando nos convoquen. Sabemos dónde podemos apuntar para crecer, no solamente en la madera sino en otros sectores, como la turba”.

“Yo había presentado proyectos para exportar mantas para el petróleo, pero quedó ahí. La turba se sigue exportando a granel. Tenemos toda la materia prima y no necesitamos de insumos importados, hay tecnología y muchas empresas están cerradas, aunque tienen tecnología de primera. El principal meollo de la cuestión de que sigan cerradas, en Tierra del Fuego por lo menos, es el temor a tomar empleados y que la cosa no funcione. Te invitan a invertir pero después hay que pagar doble indemnización y el emprendedor no sabe qué hacer. Sé que con la pandemia se tomaron un montón de medidas pero para que se pueda crear nuevo empleo, se tienen que buscar otras herramientas distintas de las indemnizaciones, como el fondo de desempleo que tiene la construcción. Puede ser una solución para las pymes de aquí en más, sin avasallar los derechos ya adquiridos”, insistió.

“Para que las pymes no se sigan cayendo, en Tierra del Fuego se necesita que traigan vacunas para todos y que sobren, como hacen los chilenos. Es necesario para reactivar el turismo también y no hay otra. Hay que volver a la normalidad, y si la normalidad es vacunar a todos, hay que apuntar a hacerlo”, señaló, dado que Chile compró 45 millones de vacunas, con una población de 15 millones, y esto permite la vacunación de extranjeros. “Es más que interesante y realmente lo han pensado muy bien, porque van a lograr una reactivación inmediata, con proyección a futuro. Como son dos dosis, al extranjero lo tienen cautivo 14 días y además la vacuna es gratis. El turista gasta en taxi, transporte, comida, hoteles, y esa es la salida. Ushuaia depende del turismo y la salida pasa por la vacuna”, subrayó.

 

Exigencias de AREF

 

Por otra parte, cuestionó las supuestas trabas de AREF para la regularización de tierras y acceso al título de propiedad, para el caso de los fideicomisos. “Hemos recibido mucha gente a la que no le otorgan el título, porque supuestamente la AREF exige el pago de una tasa por los terrenos y no le dan el título hasta que no tengan pagada la totalidad. Si no pagan la tasa la totalidad de los que tienen terrenos, según el responsable del fideicomiso, la AREF no regulariza el título. Están trabando la poca reactivación que puede haber, porque la persona que ya pagó, si recibe el título, puede tomar un crédito y construir su vivienda. Esto me lo dijo Mallemaci y, si es así, es pensar en la caja chica y no en dar laburo a un montón de gente en la construcción. Eso es lo que hemos encontrado con respecto a la tierra en Río Grande y creo que en Ushuaia sucede lo mismo”, barajó.

 

Agregado de valor

 

En cuanto a la posibilidad de agregar valor a la lenga, que hoy se exporta a Chile, donde se procesa para su posterior exportación a Alemania, reiteró que “hay buena tecnología en la provincia y hoy está sin uso. En el gobierno anterior no convenía por el tema de la patria financiera. No convenía ponerse a trabajar porque no se podía exportar. Este gobierno nacional por suerte está apuntando a la producción, pero tuvo la mala suerte de la pandemia. Estamos convencidos de que luego de la pandemia esto tiene que mejorar, porque el que tiene dinero guardado lo va a poner a trabajar. Lo que estamos pidiendo es que existan herramientas que nos permitan quedarnos tranquilos con la gente que vamos a tomar en el aspecto indemnizatorio, y reglas claras que nos dejen crecer. Muchas pymes quedaron quebradas porque no les alcanzó lo que vendían para pagar los sueldos de la gente que tenían empleada, sin trabajar. La última estadística era de 1.850 pymes cerradas a nivel nacional, de las que estaban inscriptas. Fue consecuencia de medidas que se tomaron y ahora hay que tomar otras medidas, para crear empleo. El principal empleador en todo el país son las pymes”, enfatizó.

 

Gastos del Estado

 

Finalmente se refirió a la situación del Estado tanto nacional como provinciales y la necesidad de bajar el gasto público. “Ahora está reunida la mesa con el gobierno nacional y el sector empresario por el tema del control de precios. Es importante la mesa de diálogo porque el empresario también tiene para decirle al Estado que ponga el déficit fiscal en caja, y lo mismo debe ocurrir en Tierra del Fuego. Al Estado no le alcanza y el que paga los platos rotos es el privado. Tienen que poner en caja en gasto y ser mejores administradores, en lugar de poner impuestos al que respira. Un autónomo cobra 24 mil pesos después de aportar 30 años y un funcionario 300, 400 mil. Este ya es un tema ético y hay que verlo. En las charlas siempre existe este planteo. El funcionario que asume un cargo debería ganar un sueldo similar al de la actividad privada. Debe haber un equilibrio, porque esto provoca roces y bronca”, concluyó.