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Un punto importante está relacionado con los avances para incorporar madera a las viviendas y retomar parte de las características de las primeras casas del IPV.
Un punto importante está relacionado con los avances para incorporar madera a las viviendas y retomar parte de las características de las primeras casas del IPV.

El IPV integrará madera a las viviendas para “poner en valor el material local y activar sectores muy postergados”

La presidente del Instituto Provincial de la Vivienda informó sobre las gestiones avanzadas del Ministerio de la Producción con los madereros de Tolhuin a fin de integrar material de la zona en las fachadas de las viviendas. Ya tienen diseñado un prototipo y se apunta a la puesta en valor de recursos naturales y la reactivación de sectores muy postergados. También dio detalles sobre la alta demanda insatisfecha, con más de 10 mil personas esperando en el listado su solución habitacional, y la primera etapa de construcción de mil viviendas en la provincia. Hay gestiones que lleva adelante personalmente el gobernador con el ABE por las tierras que pertenecían a la Armada, para avanzar con el desarrollo de Río Grande hacia la zona norte. En la urbanización Cabo de Mar de la margen sur ya se trabaja en la infraestructura de servicios y en paralelo hay conversaciones con el sector privado para operatorias público-privadas, de acuerdo a la segmentación realizada de los inscriptos en función de sus ingresos. “Contamos con bolsones de tierra en las tres ciudades, el tema es que no se gestionó la infraestructura de servicios”, planteó la funcionaria, para lo cual se apunta a la asistencia nacional del Ministerio de Hábitat.

Río Grande.- La presidente del IPV, arquitecta Leticia Hernández, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la demanda habitacional insatisfecha y las gestiones que se vienen realizando para empezar a paliar la situación, luego de varios años de paralización.

“Después de realizar un diagnóstico cuando asumimos la función, vimos una situación bastante complicada. Tenemos una demanda general en el IPV de 10.114 personas en espera en toda la provincia y es un número alto para la cantidad de población. Tenemos 5.173 en Ushuaia, 231 en Tolhuin y 4.710 en Río Grande. Ese diagnóstico lo presentamos ante la Legislatura y nos sirvió para saber dónde estamos parados y cuáles serían los lineamientos”, dijo.

“En los cuatro años anteriores, de esas 10.113 personas inscriptas tenemos 3.300 que se anotaron en la gestión anterior y hubo muy escasa respuesta habitacional. También tenemos el análisis del 2012 al 2015, porque la gestión anterior recibió el IPV con casi 3.000 personas anotadas en ese período de cuatro años”, indicó.

“El instituto es el creador de ciudades, tenemos desde el INTEVU pasando por el 2 de Abril, todo el sector de Chacra II, Chacra IV, CGT, llegando a la margen sur en Río Grande; y la misma réplica se ve en Ushuaia, que tiene los mismos barrios y las mismas características. El IPV tiene una impronta importante en la conformación de las ciudades, pero venimos de una gestión de cuatro años a nivel nacional bastante compleja. Eso generó un conflicto en todos los institutos, porque nuestra realidad es similar a todo el país. Es un instituto que siempre pagó en tiempo y forma, pero la poca gestión para hacer viviendas fue acompañada por una situación nacional de la que no fuimos ajenos. Eso originó un cuello de botella importante. En los últimos ocho años tenemos 6.300 personas a las que no se les dio respuesta. Desde el 2005 en adelante tenemos gente inscripta y hay una demora de 15 años. Se modificó la ley de inscripción y el menor, apenas cumple los 18 años, se puede anotar. En esta demora de 15 años a esa persona le tendríamos que dar respuesta a los 33 ó 35 años”, estimó.

 

Banco de tierras

 

Consultada sobre la tierra disponible, aseguró que “en Río Grande tenemos nuestro bolsón de tierras en Cabo de Mar, que es la urbanización que está en margen sur. Ahí hay proyectadas 3.200 viviendas y es un número bastante complejo, porque la infraestructura es fundamental. El instituto no entrega un terreno, porque no es la esencia, sino que debe entregar la vivienda y para eso tiene que tener la infraestructura, de agua, cloacas, gas y luz. Contamos con bolsones de tierra en las tres ciudades, el tema es que no se gestionó la infraestructura de servicios. Tenemos un objetivo inicial que es llegar a las mil viviendas en dos años y medio, porque en medio nos pueden pasar muchas cosas. Así como hoy transitamos una pandemia, nos puede agarrar la veda invernal con climas atípicos. En Ushuaia hay un bolsón importante que va a dar solución habitacional a 1.400 familias. Se están colocando los servicios en un 35%, y es un terreno con turba, piedra y roca. Uno proyecta entregar una cantidad de viviendas entre un año y medio o dos”, manifestó.

“Hay una experiencia con la entrega de las 1.017 viviendas en Chacra XIII de Río Grande y se tardaron tres años. En medio surgieron muchísimas cosas, primero el mercado local no estaba preparado, la mano de obra tampoco estaba preparada para semejante magnitud de construcción y tuvo que venir mano de obra de afuera en su momento. El 45% de las casas que se hicieron no tenían infraestructura de servicios. Eso no se piensa repetir sino que pensamos con una mirada integral en dar respuesta primero con la colocación de los servicios para poder ejecutar luego la vivienda”, subrayó.

Remarcó que “el banco de tierras de margen sur no tiene ningún tipo de servicios y se está pensando hacer una primera etapa. Trasciende cuatro años de gestión lograr hacer 3 mil viviendas, pero sí podemos dejar la impronta que se merece el lugar. Se piensa en una primera etapa para abarcar un porcentaje de esa demanda general, y serían 450 de las mil viviendas. Las mil viviendas se proyectan en forma equitativa, porque estamos gestionando para la provincia. Pensamos hacer 450 en Ushuaia, 450 en Río Grande y 100 en Tolhuin”.

 

Tres opciones de solución

 

Dentro de los tipos de vivienda a construir, dijo que hay “una tipología de vivienda unifamiliar y multifamiliar pero que no supere los tres niveles, justamente para economizar parte de la infraestructura y del suelo. Los proyectos plantean las tres alternativas, hasta un sector con terrenos para quienes quieran construir. Es un número importante para esta primera etapa”, destacó.

Consultada sobre el financiamiento, recordó que “tenemos una línea de goteo diario, que parte de una ley nacional del FONAVI, vinculada directamente con el tema del petróleo y a cada provincia se le genera un goteo. La función del presidente es gestionar distintas líneas ante nación, porque el goteo no le alcanza a ninguna provincia, por eso también tenemos el Ministerio de Hábitat, que trabaja en forma conjunta con los institutos y registra la demanda general del país. Estamos gestionando la infraestructura ante nación. Para la primera etapa de Cabo de Mar, sólo de infraestructura, se está hablando de 600 millones de pesos, para las 450 viviendas”, advirtió.

 

Viviendas de madera

 

Un punto importante está relacionado con los avances para incorporar madera a las viviendas y retomar parte de las características de las primeras casas del IPV: “Tuvimos una reunión con la Ministra de la Producción y ellos están llevando adelante un trabajo interesante con los madereros de la provincia. Tenemos un prototipo para la ciudad de Tolhuin, donde un porcentaje de la fachada se puede hacer con madera local, a fin de empezar articular con los madereros. Tuvimos una reunión con el intendente y lo vio viable”, afirmó.

“En las primeras viviendas de Ushuaia se ve mucha piedra y madera, pero eso se fue perdiendo con el tiempo. En esta mesa de trabajo que tuvimos la semana pasada empezamos a reflotar estas cuestiones para poner en valor no sólo el material local, sino ir activando sectores que están muy postergados”, dijo.

 

Aplazamiento de cuotas

 

Con respecto a los sectores golpeados por la crisis, dio a conocer el aplazamiento de cuotas. “Al gobernador le planteamos dos líneas de acción, una fue la de los grupos familiares que se han quedado sin percibir algún ingreso, para correrles la cuota. No es que no se les cobre sino que se les corre la cuota. También los grupos familiares que percibían en su momento menos de 45 mil pesos le dimos la posibilidad del corrimiento de cuota. Eso originó una caída del recupero los dos primeros meses de pandemia, en marzo, abril y parte de mayo. Ahora hay un repunte, porque teníamos un recupero de 19 millones de pesos y ahora estamos en los 16 millones, en forma mensual, pero una vivienda de 60 metros cuadrados cuesta casi 5 millones”, observó, dando cuenta de las limitaciones para construir con fondos propios.

“Tenemos dos valores del metro cuadrado, con infraestructura y sin infraestructura. Sin infraestructura hablamos de 76 mil pesos hace un mes y medio. Hoy el valor es otro, pero no dista mucho. Con infraestructura estaríamos en los 82 mil pesos el metro cuadrado. Con un recupero mensual de 16 millones, estaríamos haciendo tres viviendas por mes. Al año hablamos de 36 viviendas para una demanda de 10 mil personas”, planteó.

 

Operatoria público-privada

 

La funcionaria confirmó la decisión de avanzar con operatorias público-privadas, con intervención del banco, para los sectores que puedan afrontar este tipo de cuota. “Tenemos bastantes compromisos con distintos gremios y asociaciones. Nos está golpeando una realidad muy cruda y la función del instituto es la vivienda social para aquel que no puede acceder a comprar un terreno para construir, pero tenemos un grupo de médicos, arquitectos, que han conformado una asociación y han venido a solicitar viviendas. Hay un compromiso de 500 personas en estos convenios con asociaciones, fuera del listado general y a nivel provincial”, dijo.

Ya hubo una primera experiencia con las viviendas de ATE, si bien se apunta a dar más protagonismo al IPV: “Del fideicomiso que se conformó con ATE, el IPV es solamente un ejecutor, es decir quien ejecuta y controla. La gente de ATE va a tener que pagar al banco y ahí se nos devuelve la plata de la construcción. Todavía no hay un lanzamiento oficial de un plan federal de viviendas que incluya a todos los institutos del país. El gobernador nos pidió empezar a articular con el sector privado para desarrollos urbanísticos y fideicomisos. El IPV analizó quiénes podrían afrontar una cuota de la demanda general, para estos emprendimientos público-privados. Estamos con un ahorro previo, mientras esperamos el plan nacional, con estas asociaciones. Se haría un fideicomiso donde el instituto sea el protagonista. En el banco habrá que pagar la cuota que dispongan y no van a tener la mirada social, pero lo estamos trabajando con el sector privado para hacer fideicomisos de acuerdo a la segmentación que hicimos por ingresos de la demanda general”, explicó.

 

Reapertura al público

 

Por otra parte, adelantó que en diciembre volverán a abrir las puertas para atención presencial. “El IPV no está con atención al público pero no significa que no estemos trabajando, sino todo lo contrario. Estamos desde el mes de marzo con recupero, que es un área que no ha parado, con el corrimiento de cuotas. Tenemos una página oficial de Facebook donde están los flyers desde marzo y todo se hace de manera virtual. La gente no se tiene que movilizar y  puede realizar trámites de manera informática. Se activaron números de whatsapp y venimos dando atención virtual desde marzo, con los medios que hemos promocionado. La atención al público se va a reabrir a partir de diciembre, por turnos, para las personas que necesiten venir a firmar, en el caso de las inscripciones”, dijo.

 

Obras de la gestión anterior

 

También se la consultó sobre las obras que quedaron pendientes de la gestión Bertone: “Nos queda un 10% de las 120 viviendas de ATE y el Ministerio de Obras Públicas terminó el trazado troncal de gas, que permitiría la conexión de las viviendas para ser entregadas. El listado lo conforma el gremio y el instituto solamente verifica. Luego tenemos pavimento en Chacra XIII y nos quedan dos calles. Ahí hubo un ajuste para la empresa y nos demoramos un poco pero ya lo vamos a activar. Tenemos el embellecimiento en Chacra IV y ahí están trabajando dos empresas. Tenemos cuatro viviendas en el barrio CGT y cuatro enfrente de la trucha. Ya terminamos un chicote de gas que alimentaría a las casas. Tenemos activa la infraestructura del barrio 10 de Noviembre en la margen sur, donde la empresa tiene que terminar los anillados. Luego tenemos las escaleras, que son obras bastante complejas. Esto fue como sacado de la galera, de forma muy rápida y no se interactuó con el vecino. Hoy el vecino rechaza las escaleras, cuando se sabe que son por seguridad. Hay gente que no la quiere pero tenemos que respetar el tema de la seguridad y tuvimos que hacer una reformulación de esas escaleras, porque tampoco están diseñadas como medio de escape y seguridad”, aseveró.

“Vamos a trabajar con los bomberos y va a haber una reformulación. Las escaleras van a hacerse, hay contratos por rescindir porque hubo muchas empresas en medio, algunas que no cumplieron y otras sí, y a otras les pedimos que paren para trabajarlo como debe ser. Hay que concientizar a los vecinos de que las escaleras tienen que estar. Si vamos a Ushuaia, esas escaleras están, hay de todo tipo y funcionan. Están financiadas por una ley provincial, la 1.135, que prevé un monto y queda un remanente de 129 millones de pesos. Decidimos parar todo para que las escaleras cumplan con la función”, expuso.

 

Urbanización y relleno sanitario

 

Teniendo en cuenta la importante cantidad de viviendas previstas en Cabo de Mar, se le preguntó si hay riesgo sanitario al haber terrenos sobre lo que era relleno sanitario y aclaró que esa zona quedó fuera de los límites. “Hay un sector en margen sur donde el municipio no permitió proyectar un asentamiento porque se hicieron calicatas y dieron positivo. El municipio pidió un estudio de impacto ambiental y la proyección de esa urbanización no estaría tocando el sector donde las calicatas dieron positivo. Me tocó corregir la urbanización siendo funcionaria en el municipio, por eso estoy al tanto de tema. Ese basural era a cielo abierto y por eso se formó una comisión donde interactuó el gobierno y el municipio, con varios actores, y se estableció el límite con las calicatas. Por eso se permitió proyectar a la urbanizadora que en su momento era privada, porque ahora es del Estado, desde donde era factible. Hoy estamos gestionando el impacto ambiental para presentar al municipio”, indicó.

 

Extensión hacia el norte

 

La funcionaria agregó que “el gobierno está gestionando otras tierras porque después de la crisis del 2002 se hizo un código de planeamiento de la ciudad de Río Grande, y la línea de crecimiento va hacia el norte, no hacia el sur. Hacia el sur no es que creció sino que explosionó. Tenemos tres ciudades en una, porque Río Grande está particionada en tres, el Cono de Sombra separa la parte norte y la barrera natural del río separa la zona sur. Están las famosas tierras del ABE, que es un ente nacional, y se está gestionando una porción en la zona norte”, anticipó.

“Ahora tenemos una situación de emergencia y no vamos a proyectar 3 mil viviendas en la margen sur, porque no es la idea. Se hará una primera etapa a la espera de tener respuesta a la gestión que lleva adelante personalmente el gobernador con el ABE”, dijo.

 

Regularización en YPF

 

En cuanto a la situación del ex campamento YPF y la posibilidad de acceder al título de propiedad, informó que los vecinos “tienen una tenencia precaria y la mayoría ya tiene su dueño. No están con el título de propiedad y el IPV es el ente encargado de regular y zonificar las tierras de YPF. Eso está en estudio con el área legal y hay un trabajo importante sobre los asentamientos no formales. Queremos invitar al vecino a tener su título de propiedad, el primer paso es la tenencia precaria, luego el boleto de compra venta y finalmente el título de propiedad, que va a trascender a esta gestión, porque es un trabajo bastante importante. El IPV había tenido un acercamiento con los vecinos y no hubo consenso por el valor del metro cuadrado. Hay una propuesta del gobernador de establecer un valor de tierra fiscal no actualizado”, concluyó.