Breves
“Hace poco leí una encuesta bastante seria que no se ha hecho pública pero está circulando entre los medios empresarios y judiciales, respecto del grado de confianza que tiene la gente en el Poder Judicial. El resultado es que, de cada diez argentinos, ocho no confían en la justicia”, aseguró Rauch.
“Hace poco leí una encuesta bastante seria que no se ha hecho pública pero está circulando entre los medios empresarios y judiciales, respecto del grado de confianza que tiene la gente en el Poder Judicial. El resultado es que, de cada diez argentinos, ocho no confían en la justicia”, aseguró Rauch.

El 80 por ciento de la gente desconfía de la justicia

El abogado Federico Rauch no ve inconvenientes en la ampliación de la Corte fueguina, y dijo que lo mismo se está planteando desde los equipos de Alberto Fernández respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El punto no es la ampliación en sí, sino la forma en que se lleve adelante, para garantizar que haya jueces probos e imparciales, ante la desconfianza generalizada en el funcionamiento de la justicia argentina. También se refirió a la demanda de intereses difusos, que tramita en el juzgado del Dr. Horacio Boccardo, quien en breve deberá llamar a una mega audiencia entre las concesionarias y los siete mil demandantes fueguinos.

Río Grande.- El Dr. Federico Rauch, abogado de la ciudad de Ushuaia, fue consultado por Radio Provincia sobre la posibilidad de que se amplíe de tres a cinco miembros el Superior Tribunal de Justicia. La Dra. María del Carmen Battaini se expresó sobre esta posibilidad y dijo que no ve inconvenientes, y el letrado expresó que “en la Argentina de hoy todo es posible y lo que ha dicho Battaini no es ninguna novedad. Algo parecido es lo que se está rumoreando en el ámbito nacional. Es parte del tratamiento que ha tenido a nivel nacional la gente que está alrededor de Alberto Fernández, respecto de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay una posible idea de proponer una ampliación de la Corte nacional. Hasta donde yo sé no hubo expresiones públicas de ninguno de los miembros de la Corte federal, pero sé que suficientes de ellos no ven ninguna dificultad de que esto ocurra, si se hace de manera institucional y correctamente”.

“Lo mismo digo para la provincia de Tierra del Fuego: no veo inconvenientes en que eso ocurra, en la medida en que se haga de forma institucionalmente correcta. Estas son decisiones de carácter político y quiero recalcar que esto se debe hacer de manera institucionalmente correcta. Claramente esto se haría en el próximo gobierno, y lo mismo a nivel nacional, pero requiere de un consenso y se tiene que hacer de una forma correcta del punto de vista institucional”, insistió.

“Hace poco leí una encuesta bastante seria que no se ha hecho pública pero está circulando entre los medios empresarios y judiciales, respecto del grado de confianza que tiene la gente en el Poder Judicial. El resultado es que, de cada diez argentinos, ocho no confían en la justicia. Eso demuestra el grado de escepticismo y de deterioro, cuando un pueblo no tiene confianza en sus instituciones y no confía en la más importante para el pueblo, que es la justicia”, subrayó.

“Siempre he dicho que la justicia independiente, idónea e imparcial, a los únicos que les interesa es a los pobres, a los débiles, a los que menos tienen, porque los que tienen mucho, los ricos, los poderosos, no necesitan que les hagan justicia y hacen justicia por su propia mano. La justicia está para las mayorías, porque las minorías saben cómo defenderse”, diferenció.

“Es importante que haya jueces probos, imparciales, independientes de esas minorías y de los propios políticos, y eso le interesa a la mayoría de nosotros, para tener alguien a quién acudir. Este es el punto central al momento de decidir si vamos o no a ampliar la Corte. En sí mismo no significa nada, la pregunta es si se va a hacer de manera institucional correcta, para fortalecer el rol del Superior Tribunal, a fin de quitar una imagen tan negativa sobre el funcionamiento de la justicia, respecto de la cual la gente tiene un gran escepticismo”, manifestó.

“Por ahí pasa la cuestión de ampliar o no la Corte. El problema no es ampliarla, sino que se haga correctamente”, sentenció.

 

Mega audiencia con automotrices

 

Por otra parte, se refirió a la causa que tramita en el juzgado civil de Río Grande, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, y que involucra a siete mil demandantes afectados por sobreprecios en  la venta de automóviles cero kilómetro.

“El juez está tratando de manejar un expediente descomunal y no ha recibido ningún tipo de apoyo, no le han puesto más personal. Ahí están las ocho multinacionales más grandes del planeta. Está Ford, General Motors, Toyota, Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Fiat, Honda. Cada una de esas empresas tiene una influencia global gigantesca. A ellas no les interesa que haya un juez idóneo e imparcial, y por eso han estado intentando sacarle el expediente a la justicia provincial y llevarlo a otro fuero, donde creen que tienen mejores contactos o posibilidades”, expresó, tras el intento de quitarle la causa al magistrado provincial.

“Las automotrices han hecho una serie de medidas dilatorias, la más importante fue plantear que los jueces fueguinos no serían imparciales, y pidieron que el tema se mande al fuero federal. Este planteo lo hicieron primero en el juzgado federal de Río Grande, no tuvieron respuesta satisfactoria y recurrieron a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ratificó la competencia de los juzgados fueguinos. Ford interpuso un recurso extraordinario que desde hace casi dos años está en la Corte Suprema, contra esa decisión de la Cámara. A nivel provincial se agotaron las instancias dilatorias para discutir este tema y la cámara provincial devolvió el expediente al juez para que cite a audiencia conciliatoria”, resumió de la tramitación.

Por cuerda separada está el reclamo de las automotrices contra el estado nacional, por la multa impuesta luego de la investigación de la comisión de defensa de la competencia. “Las automotrices apelaron la multa del estado nacional ante la Corte Suprema, que representaba más de cien millones de dólares en su momento, y la Corte ratificó la decisión de la Cámara que había revocado la imposición de dicha multa. Esto fue denunciado como un elemento dilatorio más dentro del expediente, pero la multa del estado nacional es totalmente ajena al reclamo que están haciendo los fueguinos, que es la demanda colectiva más grande en la historia de la provincia y a nivel continental”, señaló.

El juicio que tramita en la provincia “no tiene nada que ver con la multa impuesta por el estado nacional, porque en definitiva estamos discutiendo por qué los beneficios de la 19640 no llegan a los bolsillos de los fueguinos”, dijo, y advirtió que, en caso de sentencia favorable, “esto le cambia la vida a la gente, porque hasta 2001 comprábamos los autos un 40% más barato. Esto dinamizaría la  economía, porque además podría pasar con otros productos. El planteo es trasladable a todos, si bien la carga impositiva no es igual en todos los productos, pero sería un cambio importante. Esa es una masa de dinero muy grande que hoy queda en Buenos Aires y los beneficiados no son los que viven en Tierra del Fuego sino los exportadores de Buenos Aires”, afirmó.

Lo cierto es que en breve el juez Boccardo deberá fijar la fecha de lo que se espera sería una “mega audiencia”, no solamente por los montos involucrados sino por la cantidad de demandantes que querrán asistir. “No está definida todavía la fecha. El juez está obligado a correr traslado a los demandados, que son ocho, y cada uno de sus planteamientos tiene que ser trasladado y notificado. Eso alarga los plazos enormemente. Ahora estamos esperando que contesten dos de los demandados, que será en los próximos días, porque el resto ya lo hizo. Después de eso el juez está liberado para fijar la histórica audiencia. Cuando se fije lo vamos a publicar, y tenemos siete mil demandantes. Es una audiencia pública, es decir que pueden ir los medios y cualquier fueguino, aunque el juzgado seguramente va a poner algunas limitaciones, debido a la cantidad de interesados que va a haber”, avizoró.

“Es obvio que el Poder Judicial no cuenta con instalaciones que permitan la asistencia de los siete mil demandantes. El juez deberá organizar la audiencia y no tengo ninguna duda de que va a haber mucha gente, además de los abogados de las ocho automotrices”, concluyó Rauch.