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El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco justificó la aprobación de la ley de expropiación de tierras de las estancias Harberton y Túnel para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle, ante la falta de un “convenio firmado” por los dueños de la tierra para que la empresa pudiera ingresar a realizar los estudios correspondientes.
El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco justificó la aprobación de la ley de expropiación de tierras de las estancias Harberton y Túnel para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle, ante la falta de un “convenio firmado” por los dueños de la tierra para que la empresa pudiera ingresar a realizar los estudios correspondientes.

Blanco afirmó que el proyecto es “muy positivo y por eso lo estamos apoyando desde el principio”

El legislador radical planteó que “no se puede hacer el análisis de la traza definitiva si no se puede ingresar al terreno” y, ante la falta de un convenio firmado para autorizar a la empresa, se avanzó con la expropiación. Diferenció los casos de Harberton y Túnel con las tierras de la Armada, donde medió un acuerdo con la Administración de Bienes del Estado. Aclaró que la Legislatura “no aprobó ninguna traza” y no descartó que se tengan en cuenta las propuestas de Harberton.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco justificó la aprobación de la ley de expropiación de tierras de las estancias Harberton y Túnel para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle, ante la falta de un “convenio firmado” por los dueños de la tierra para que la empresa pudiera ingresar a realizar los estudios correspondientes.

Por Radio Provincia afirmó que el proyecto es “muy positivo y por eso lo estamos apoyando desde el principio”, y desmintió la información publicada por el diario digital Minuto de Cierre, que estimó un gasto que treparía de los 1.700 a los 2.500 millones, al sumarse el pago de las indemnizaciones a las estancias, por la expropiación de las tierras.

“No sé de dónde sacan el cálculo de esta diferencia de 700 millones por las expropiaciones, porque en el caso de la estancia Harberton son un poco más de 150 hectáreas, y ni siquiera en el centro de Manhattan vale eso una hectárea. A veces antes de decir cifras, hay que analizar un poquito, y me parece una barbaridad. Dan una cifra que ronda los seis millones de pesos la hectárea y ni en el centro de Manhattan vale eso. Son 180 hectáreas en total y a 700 millones de pesos, cualquiera vendería la estancia. Se dicen muchas cosas por decir”, cuestionó el parlamentario.

Consultado sobre la falta de un proyecto definitivo, sostuvo que “eso es imposible si no se ingresa al casco a hacer los estudios correspondientes. El estudio hay que hacerlo en el terreno y para eso tiene que estar la autorización de los dueños. Al no haberse llegado a un acuerdo para la autorización, se utilizó el mecanismo de expropiación”, explicó.

Igualmente espera que no se llegue a la judicialización “porque los propietarios dicen que están de acuerdo con la obra. No coinciden con la traza provisoria, pero eso no quiere decir que sea la traza definitiva de la obra, ni que la Legislatura aprobó una traza. Lo que la Legislatura aprobó es la expropiación de 151 hectáreas dentro de la estancia Harberton, pero no determinó por dónde va a pasar el camino”, dijo.

“Por eso se licitó el proyecto definitivo, que conlleva un montón de estudios. Si no se puede realizar el proyecto definitivo no se va a gastar un peso más y no se va a avanzar con la obra, porque no se va a poder realizar. Hay muchas suposiciones y muchas afirmaciones que se hacen, y a mi criterio se pretende que no se haga nada. A mí la obra me parece necesaria y no es un proyecto nuevo, porque tiene más de 30 años y fue impulsado por distintos partidos políticos. Llama la atención que muchos que lo impulsaban ahora se oponen”, fustigó.

En cuanto a las dos propuestas alternativas que realizó la estancia Harberton, para no afectar los yacimientos arqueológicos que se encuentran junto a la ruta actual que se pretende ensanchar, dijo que “en el estudio del proyecto definitivo se verá si son viables o no esas propuestas, porque no se ha aprobado una traza definitiva. Puede ser que se confirme una de esas variables que presentaron los dueños del campo, que vinieron a la comisión invitados por la legisladora Martínez Allende”, aseveró, remarcando que se presentaron en el plenario “porque los invitó la legisladora”.

Dijo que “no le consta” el rechazo de las propuestas y que “escuché de boca de ellos decir que habían sido rechazadas, pero vamos a ver cuando se termine el proyecto definitivo, si se adopta la propuesta que hicieron o una nueva traza. Se debe respetar la ley 55 y la ley 370 de defensa del patrimonio histórico de la provincia y, si vamos a pensar que se va a hacer algo sin respetar las leyes, directamente no hagamos nada. El pliego licitatorio claramente establece el respeto de las normas vigentes. Dejemos que las cosas caminen y vamos a ir sobre la marcha, porque hay organismos que tienen que controlar que las leyes se cumplan”, remarcó.

Advirtió que “no es un invento de Tierra del Fuego la licitación del proyecto, del anteproyecto, el proyecto definitivo y la obra”, ante las críticas porque se deja todo en manos de la empresa adjudicataria. “Eso se hizo en la obra del puerto de Río Grande. Los que hoy critican se olvidan que en el medio se dieron cuenta de que habían aprobado un proyecto definitivo que no era viable, pero no fue una falla del mecanismo -señaló sobre la obra del puerto-. En otros lugares se licitan rutas con trazas provisorias”, insistió.

Consultado sobre las objeciones del licenciado Ernesto Piana, reconocido arqueólogo a nivel nacional e internacional, dijo que lo escuchó y que “lo primero que dijo cuando entró a hablar con los legisladores es que estaba de acuerdo con la ruta. A lo mejor no está de acuerdo, en una traza de 132 kilómetros, con 7 u 8 kilómetros donde habría que hacer modificaciones. Yo lo conozco y sé que es una persona muy capaz, y puede que tenga razón. Si hay que hacer modificaciones, se harán. Si hay impedimento con las normativas legales, va a hacer que se cambie la traza”, afirmó.

“Acá estamos presuponiendo que el proyecto que hará la empresa que ganó la licitación, donde participaron tres empresas, va a violar la ley 370 y la ley 55, pero no se puede hacer el análisis de la traza definitiva si no se puede ingresar al terreno a trabajar”, planteó Blanco.

Según el legislador, “no está el compromiso firmado de los dueños para que la empresa pueda ingresar a la tierra a realizar el proyecto definitivo” y se preguntó “por qué no hay una documentación firmada, tal cual firmó el ABE -Administración de Bienes del Estado- que dio un plazo de 60 ó 90 días y cedió el ingreso para hacer los estudios. No se avanzó en eso con las estancias”, reiteró, ante lo cual resultó necesaria la expropiación.

 

Reforma política

 

Por otra parte, el legislador ratificó su apoyo a “la boleta electrónica con respaldo en papel”, y aseguró que “tendrá prioridad el papel” en caso de divergencias con el conteo electrónico. “No debería por qué no coincidir y entiendo que ante la duda se toma lo que diga el papel”, dijo del proyecto en análisis en la comisión 1.

Respecto de las PASO, recordó que “nosotros las venimos practicando desde siempre en la UCR, así que adaptarnos es simple, porque cada vez que se eligen cargos hay una interna donde participan los independientes, que es la misma forma de las PASO.Cuando se trató en el Congreso nacional nuestro partido lo aprobó, así que nosotros estamos de acuerdo desde siempre. El partido acompañó tanto la implementación de tecnología en las elecciones como las PASO y coincidimos con esto”, dijo.

“La reunión de la semana pasada se suspendió porque el concejo deliberante de Ushuaia tenía sesión ese día, pero se va a continuar y todo estará en discusión”, concluyó.