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¿A quien se castiga cuando se dice castigar a los violentos?

La gobernadora Rosana Bertone señaló que su gobierno no pagará el sueldo a ningún violento. Lo dijo refiriéndose a casos de denuncias por violencia de género, donde se procesen a empleados del estado provincial. Pero nada señaló sobre la situación en la que quedaría la familia del supuesto agresor, al dejar de percibir el ingreso que sirve para el sustento de todos. Una sanción que además aparecería antes que la justicia resuelva sobre la existencia, o no, del delito denunciado.

 

(Por José Piñeiro) – En el marco de la adhesión al Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Sanción y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2016-2019; la gobernadora Rosana Bertone advirtió: “Mi gobierno no va a pagar sueldos a ningún violento”, en referencia a los empleados del estado provincial que se vean involucrados en denuncias por violencia de género.

Desde fuentes oficiales se señaló que el decreto de Bertone busca imponer la “suspensión sin goce de haberes y apertura de sumarios a los agentes públicos procesados por ese delito”. Desconociendo que una persona procesada no está condenada, e incluso al final del proceso se podría determinar que era inocente del delito en el cual se lo había incriminado, o se podría concluir que había sido víctima de una falsa denuncia; como en ocasiones ocurrió en casos de conflictos intrafamiliares.

La medida anunciada por Bertone no solo viola el principio de inocencia que rige sobre toda persona, hasta tanto no quede demostrado lo contrario; sino que podría terminar revictimizando a la familia del supuesto violento, si además se los priva de un ingreso que puede ser fundamental para su subsistencia. En ocasiones, hasta puede ser una presión para que la víctima no denuncie, por temor a terminar condenando a su familia a quedarse sin ingresos.

Nada se dice tampoco de aplicar políticas o medidas para atender al grupo familiar, dar contención, e incluso imponer algún tipo de tratamiento psicoterapéutico al supuesto agresor; para trata de ayudarlo a resolver su propia problemática. ¿Que pasaría en el caso donde la familia, más allá de la denuncia, luego resuelva continuar constituída como tal? Un caso semejante podría ocurrir y la única medida que se le ocurre a la gobernadora es dejarlos sin ingresos.

La actual gestión parece haber resuelto utilizar, como método de castigo, la confiscación del dinero correspondiente al pago de haberes, que los empleados estatales o los pensionados perciben mes a mes. Viene pasando con el sector docente desde hace meses, con la aplicación de descuentos poco claros a raíz de supuestos excesos en la utilización de permisos gremiales, por paros o asambleas; y que en muchos casos superan largamente el 20 por ciento máximo permitido por la Ley, para los casos donde se indique un embargo.

Los pensionados RUPE que no llegaron a renovar su certificado médico obligatorio tampoco pudieron cobrar sus haberes, aunque en algunos casos ese es el único ingreso para el grupo familiar del pensionado.

El anuncio de la Mandataria se parece más a expresiones que pueden aparecer como “políticamente correctas”, en tiempos donde afortunadamente crece la conciencia en contra de la violencia de género y se multiplican las campañas y manifestaciones de rechazo a estas situaciones repudiables. Pero poco parecen resolver estos anuncios y decretos, en una problemática profunda donde se deben implementar políticas de estado y no buscar el aplauso fácil con manifestaciones rimbombantes que no aportan soluciones.

Porque como alguien dijo alguna vez; también violencia es mentir.