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Los trabajadores de seguridad privada, que se desempeñan en los supermercados de Río Grande, reclaman un bono extraordinario reconociendo las tareas extras que está realizando por las medidas dispuestas a raíz de la pandemia. Solicitan “una mayor remuneración por lo que hacemos, hay que recordarles que a mayor trabajo mayor remuneración”, expresó el dirigente del SUTCAPRA y reclamó “que el trabajo del compañero sea reconocido”.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande se refirieron a la traba que tuvo el acuerdo salarial, por la postura de la CAME. Se negaron a firmar y el Ministerio de Trabajo de Nación decretó la conciliación obligatoria. Por otra parte señalaron que, a pesar de la situación planteada por la cuarentena, hubo un crecimiento en el número de trabajadores registrados que tienen en la seccional. Lo relacionan con la asistencia dada desde el estado, en forma de ATP o subsidios, y la decisión de muchos comerciantes de registrar a su personal.

Desde el gremio que representa a los empleados judiciales cuestionaron la existencia de “privilegios especiales” dentro del Poder Judicial de la provincia. Hablan de “dedocracia” a la hora de definir designaciones y reclaman “igualdad” y “mérito” para la carrera judicial. “Sostenemos que el presupuesto judicial y provincial se debe administrar con equidad y visión estratégica, sobre las reales y verdaderas necesidades de la institución, de los trabajadores y de la ciudadanía”, expresaron en un comunicado firmado por la Comisión Directiva de la UEJN.

La legisladora de FORJA aspira a una modificación del subrégimen donde los beneficios “no se concentren en unos pocos” y estimó que “habrá novedades” antes de fin de año. Destacó los beneficios para la industria fueguina de las políticas nacionales, que impulsan la producción local, y aseguró que, pese a la pandemia, actualmente hay 1.800 trabajadores más que el año pasado. Lamentó que por mezquindades políticas no se haya logrado citar en la comisión de seguimiento de la industria a diputados y senadores para coordinar las acciones que lleva adelante el gobierno provincial, y sostuvo que “siempre están los celos de quién convoca, para qué, cómo, y es una lucha lamentable de codazos de bañadera”. Recomendó en este contexto de crisis “no hacerse el exitista”, sino “ponerse a trabajar con perfil bajo, con los pies sobre la tierra y mucha humildad”, cuestionando a los que ya están pensando en las elecciones de medio término. También defendió el proyecto de presupuesto y lo diferenció de “los reconducidos de la gestión anterior, con gastos reservados. Nada de eso va a haber acá”, garantizó.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado destacó la iniciativa del gobernador Gustavo Melella para acercar las partes y llegar a la firma del acuerdo con la empresa Total, concretado ayer. Se espera terminar con la mayoría de empleados foráneos y generar empleo para residentes en la provincia. Actualmente Total cuenta con el 70% de los trabajadores de fuera de la isla, que trae en vuelos chárter a Tierra del Fuego, y el acuerdo establece plazos para revertir esta situación. Para 2021 deberán tener un 75% de empleados locales, y para el 2022 el porcentaje debe llegar al 80%. Sosa advirtió que queda mucho trabajo por delante para convencer a los trabajadores de afuera para que se radiquen en la provincia. Además denunció “derrames permanentes” de la empresa YPF y reclamó controles y multas al área de Medio Ambiente. Promoverá multas mayores ante la Legislatura, porque “hay derrames son una vez por semana”, afirmó.

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rubricó un acuerdo con la empresa Total Austral para que la empresa emplee paulatinamente un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras con residencia efectiva en la provincia hasta alcanzar un 75% en junio de 2021 y un 85% en marzo de 2022.

El nuevo diseño incluye la plataforma continental y extiende los límites marítimos más allá de las 200 millas. El Congreso ya aprobó el proyecto del Ejecutivo para reconocerlo por ley y el Ministerio de Educación trabaja en la confección de “miles de mapas con la nueva demarcación de límites de la Argentina” para que lleguen a todas las escuelas del país una vez que se retome la actividad escolar.